La Caixa se ha comprometido a destinar una partida de 250.000 euros para la recuperación de las 350 hectáreas que se quemaron en el incendio que se inició en Benirràs el domingo 22.

El presidente del Govern balear, Francesc Antich, agradeció ayer la iniciativa de la entidad financiera en la reunión que mantuvo con el director ejecutivo territorial de La Caixa en Baleares, Joan Ramon Fuertes.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre la Obra Social La Caixa y el Govern balear para la conservación y mejora de las áreas naturales de Balears, que tiene como uno de los objetivos principales la recuperación y reforestación de zonas quemadas.

Prioridad

Así, La Caixa se compromete a colaborar en las primeras tareas de recuperación de la zona afectada con una dotación de 250.000 euros. Para los trabajos de reforestación se priorizará la contratación de personas en riesgo de exclusión social, y se hará de forma coordinada con la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja.

Este es el primer anuncio de donación privada de dinero para la zona quemada, aunque desde el Govern y el Consell anunciaron que reclamarán dinero al Gobierno central para poder recuperar adecuadamente todo el perímetro arrasado por el fuego.

En la reunión a tres bandas se tratará el control de accesos

La reunión sobre Benirràs que están preparando Govern y Consell y a la que también se invitará al Ayuntamiento de Sant Joan abordará la recuperación y reforestación de la zona, la forma de conseguir ayudas (algunas de ellas estatales) para los afectados y la replantación y también las posibles soluciones para regular el acceso a la playa de Benirràs. Según explicaron fuentes del Consell, si de esta reunión sale alguna propuesta positiva para controlar la alfuencia a la cala, se planteará la posibilidad de convocar a otra reunión con los ayuntamientos para ver si la misma fórmula se puede aplicar en otros puntos peligrosos del litoral.

De todas formas, desde el Consell recordaron que no tienen competencias y que el acceso a las playas es cosa de los ayuntamientos.