El juez califica la situación de los Apartamentos Atzaró de «clandestina» al no tener licencia

Desestimado el segundo recurso presentado por Grupo Playa Sol, cuya pretensión era evitar el precinto

| Eivissa |

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Imagen de archivo de la fachada de los Apartamentos Atzaró precintados por el Consell.

Imagen de archivo de la fachada de los Apartamentos Atzaró precintados por el Consell.

Marco Torres

«El hecho de de que el inmueble no cuente con la preceptiva autorización administrativa está colocándolo en una situación de clandestinidad, que también redunda negativamente en los trabajadores allí empleados, en la medida que su seguridad a nivel de prevención de condiciones y riesgos laborales puede verse afectada negativamente». Este es un extracto del auto emitido ayer por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma en el que se desestima el recurso interpuesto por Grupo Playa Sol y cuya finalidad era levantar el precinto de los Apartamentos Atzaró. De esta forma, la empresa hotelera recibe el segundo varapalo en una semana tras haber sido también rechazado el levantamiento del precinto de los Apartamentos Panoramic-Tropical Garden.

En el escrito, el juez considera que si el conseller, en este caso Joan Serra Mayans, «no hubiera ordenado la clausura del establecimiento turístico estaría incumpliendo el artículo 75.4 de la ley balear 2/1999 y, por lo tanto, incumpliendo un deber legal, lo que podría generar responsabilidades que, incluso, podrían trascender del ámbito estrictamente administrativo». De esta forma, el auto ratifica la actuación del Consell d'Eivissa y señala que el precinto responde a «una actitud de la empresa recurrente sobre la que no se ha presentado ningún argumento jurídico que la justifique».

Argumentos «genéricos»

De hecho, a continuación el juzgado de lo Contencioso Administrativo califica los argumentos expuestos por GPS de «genéricos y abstractos, legítimos y respetables en todo caso», pero que, de ninguna forma «desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada». Asimismo, se recuerda que una de las funciones de la administración es velar por los intereses generales, «intereses que se verían comprometidos si se admitiesen pretensiones de la parte recurrente, en la medida que seguiría manteniéndose una actividad de clandestinidad que redunda indudablemente en perjuicio de turistas, trabajadores, empresas del sector y del turismo en general de Balears».

Por otra parte, el escrito resalta que a través de la autorización administrativa, «de la que carece el establecimiento», se pretende que reúna las condiciones necesarias para «garantizar la seguridad de las personas que se alojen en él y de los trabajadores que prestan allí sus servicios, así como la adecuada habitabilidad e higiene de las instalaciones, evitando situaciones de riesgo y la concurrencia de cualquier otro factor negativo».

Así los hechos, el juez estima que los perjuicios que puede sufrir la empresa Grupo Playa Sol no justifican aceptar la pretensión de la misma, que es levantar el precinto de los Apartamentos Atzaró: «Teniendo en cuenta, tanto los intereses generales afectados por el acto administrativo impugnado, como las repercusiones que para consumidores, usuarios, trabajadores y otros terceros, podrían suponer el mantenimiento de una actividad turística hoy clandestina, en la medida que autorizar la continuidad de la misma supondría respaldar y consagrar una conducta ilícita en los términos expuestos con anterioridad».

El administrador judicial, Javier Perelló, afirmó ayer a última hora de la tarde que desconocía la existencia de este escrito y manifestó su malestar al no haberle sido notificado como parte implicada: «No me parecen bien las formas así que mañana (por hoy) haré que mis abogados visiten ese juzgado», puntualizó.

El Consell, satisfecho por el apoyo mostrado por el juez

El conseller de Política Empresarial i Activitats, Joan Serra Mayans, se mostró ayer más esperanzado ante la actuación del Consell d'Eivissa al ver reconocido en el auto que la explotación de un establecimiento «sin licencia de apertura también repercute en la protección del trabajador». Asimismo, Serra Mayans apuntó que, en relación al resto de órdenes de precinto pendientes de ejecución, se siguen estudiando los recursos presentados por la empresa. Aún así, el Consell d'Eivissa está a la espera de conocer la opinión del Govern balear en relación a las actuaciones administrativas que se han llevado a cabo, según indicó el conseller, que recordó que el próximo miércoles se celebrará la primera reunión para hablar del futuro.

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