El Ayuntamiento de Eivissa presentó ayer el plan social de sa Penya destinado a las familias que ocupan de forma irregular las infraviviendas de las calles Alt i Retir, y que serán expropiadas con el objetivo de rehabilitarlas y convertirlas en 15 Viviendas de Protección Oficial (VPO).
La alcaldesa, Lurdes Costa, y el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, explicaron ayer que el plan está dirigido a diez familias, que no pueden beneficiarse de las compensaciones establecidas en el proceso de expropiación porque no pueden demostrar una situación de ocupación legal de las viviendas.
Según la alcaldesa, «son familias con un alto grado de vulnerabilidad social, que tienen hijos pequeños a su cargo y, en muchas de ellas, la mayoría de sus miembros están en paro». «No podemos dejarlos de un día para otro sin trabajo, sin casa y en la calle», afirmó Costa.
Las ayudas serán financiadas por el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que ayer aprobó una partida 50.000 euros para este fin. Se repartirán en un máximo de 650 euros mensuales (hasta un total de 9.000 euros) por familia y estarán vinculadas «a un plan de acompañamiento social». Se trata de un proceso de inserción en la sociedad que se extenderá por un año.
Según explicó la alcaldesa, hay seis familias más que residen en la zona y que sí tienen derecho a la indemnización o al realojo.
En este sentido, Marc Costa explicó que tres de estas familias son propietarias y que además de la indemnización por la expropiación pueden contar con ayudas de acompañamiento para encontrar una nueva vivienda. Lo mismo ocurrirá con las otras tres familias a fin de facilitarles el realojo, ya que han podido demostrar que alquilan sus casas de forma legal.
Según Costa, tras un año de tramitación, el expediente de expropiación culminará en mayo con el visto bueno del Consell, por lo que calcula que la ocupación de las viviendas se podrá concretar entre junio y julio. Asimismo, aunque se trata de la zona más conflictiva de la ciudad, el edil aseguró que el trabajo de los servicios sociales ha permitido que este proceso se lleve a cabo, «de momento, con normalidad absoluta».
El desalojo afectará a un total de 54 personas que residen tanto de forma lega como ilegal en las 44 viviendas a expropiar en sa Penya. Los propietarios que serán expropiados suman un total de 36 y, para ellos, se ha aprobado una partida de 2,8 millones destinadas a pagar las indemnizaciones.
Rehabilitación del retén de la Policía Local y baños públicos en es Soto
Por otra parte, el Consorci Eivissa Patrimoni aprobó ayer también destinar 36.000 euros a la recuperación del retén de la Policía Local ubicado en la calle Floridablanca Nº2, que se utilizaba hace años pero que tuvo que cerrarse por el mal estado del edificio. De esta forma, tras las obras, que comenzarán de forma inmediata, se trasladará el retén ubicado junto a sa Peixtaria, cuyo espacio pasará a formar parte de la rehabilitación prevista para el mercado. También se aprobó una partida para la remodelación de la calle Vista Alegre, con un presupuesto de 142.480 euros.
Por otra parte, la alcaldesa Lurdes Costa anunció que se instalarán seis baños públicos en es Soto para cumplir con una demanda del sector turístico y dar servicio a los visitantes que embarcan y desembarcan de los autobuses en este espacio para visitar Dalt Vila. Para ello, se realizará un inversión de 58.696 euros. Por último, Costa aseguró que las inversiones y «actuaciones decididas» destinadas a sa Penya permitirán que vuelva a ser «un barrio para pasear y visitar».
1 comentario
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que verguenza que a los yonkis y camellos de la zona que ocupan ilegalmente esas casas encima les tengamos que pagar 650 euros al mes(porque ese dinero sale de nuestros bolsillos)