Sant Josep necesita un informe favorable de Seguridad Aérea para aprobar las NNSS

El Ayuntamiento de Sant Josep se ha encontrado con un nuevo obstáculo en la aprobación de su planeamiento general, que ha superado ya dos exposiciones públicas y la contestación de hasta 861 alegaciones. Este nuevo obstáculo es la necesidad de obtener un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), debido a la aprobación del nuevo plan director del aeropuerto de Eivissa.
Así, el regidor de Urbanismo del Consistorio 'josepí', Josep Antoni Prats, señaló ayer que, a partir de principios de año, «cualquier modificación urbanística o autorización administrativa que se haga dentro de la zona afectada por las servidumbres aeronáuticas debe contar con el visto bueno de AESA». En el caso de Sant Josep, cerca de la mitad del municipio se encuentra afectado por esta medida. «Antes de poder aprobar las Normas Subsidiarias se tiene que justificar, a través de un estudio de seguridad, que estas modificaciones no afectan a la navegación aérea».
En este sentido, Prats reconoció en la sesión plenaria que la aprobación del planeamiento urbanístico «no es tan fácil como pensábamos hace cuatro años», entre otros motivos, por «la situación urbanística complicada que nos encontramos en 2007 que era peor que la que pensábamos».
Asimismo, Prats anunció que el equipo encargado de la revisión del planeamiento urbanístico ha aceptado en esta segunda exposición pública 183 alegaciones de las 324 presentadas. Entre los dos periodos de alegaciones, el municipio de Sant Josep ha admitido, total o parcialmente, 520 propuestas. Estas nuevas aceptaciones suponen, según Prats, modificaciones «de detalle que no implicarán cambios sustanciales» y, por tanto, no requerirá una nueva exposición pública.
En la sesión plenaria también se aprobó, con el apoyo del Partido Popular y la abstención del concejal independiente Vicent Torres, la ordenanza para la gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta normativa establece la obligación de abonar una fianza, que asciende al 120% del valor del coste del residuo, una vez que se soliciten las licencias correspondientes de obra mayor o menor. En el momento que se acredite que se han eliminado estos residuos de forma correcta la fianza se devolverá. Asimismo, también establece un régimen sancionador para aquellas personas que viertan los restos de construcción y demolición de forma incorrecta. Estas multas oscilan entre los 600 euros para las leves hasta los 1,2 millones de euros para las muy graves: «Uno de los problemas medioambientales es el vertido de los residuos de construcción y obra y desde 2008 hasta ahora se han puesto diferentes multas y se han abierto expedientes pero siguen apareciendo restos de ruinas en diferentes lugares», indicó Prats.