M.JuncosaPalma01/04/11 0:00
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Las empresas constructoras de Balears acumulan deudas de las diferentes administraciones de Balears por valor de al menos 170 millones de euros, según afirmó ayer el director gerente de la Asociación de Constructores, Manuel Gómez.
La patronal precisa que se trata de impagos por obras de infraestructuras ya ejecutadas que han sido impulsadas por el Govern, los consells y los ayuntamientos.
Manuel Gómez indicó que los consistorios son las administraciones que presentan mayores tasas de morosidad, debido a sus dificultades de financiación, si bien indicó que ninguna institución pública paga en menos de cuatro meses.

Falta de liquidez
La Asociación de Constructores de Balears afirma que el retraso en los pagos de las administraciones públicas se ha visto agravado por la negativa de bancos y cajas de ahorros a adelantar el dinero. «No quieren saber nada de certificaciones de obras pública, especialmente de algunas administraciones», afirmó Manuel Gómez.
El director gerente de la patronal sostiene que una parte importante de los 18.000 trabajadores en paro en el sector de la construcción se derivan directamente de la morosidad en el pago de la obra pública. «La falta de liquidez ha obligado a muchas empresas ha presentar Expedientes de Regulación de Empleo», aseguró Gómez.
La patronal hizo extensiva las dificultades de cobro de sus empresas asociadas también al sector privado. «Existe muy poca actividad y la que hay, se paga muy mal», concluyó el directivo de la patronal.

Un problema enquistado desde que estalló la crisis
La Asociación de Constructores de Balears y resto de proveedores de las administraciones arrastran un problema de demoras en los pagos de las administraciones públicas desde que estalló la crisis y los bancos restringieron el crédito.
En el caso de la patronal de constructores, conviene recordar que ya a finales de 2008 remitieron una carta a 87 instituciones para exigir las deudas contraídas, al justificar que la situación económica de algunas de las empresas era «preocupante». Los constructores exigían en ese momento pagos por valor de 223 millones más el 11% de intereses correspondientes. Se trataba de proyectos de obra civil y de edificación pública construidos en gran parte en la legislatura anterior.
La patronal destacaba ayer que el Govern «sí ha ido pagando».