El juez decano, durante la rueda de prensa. | Pere Bota

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha reiterado hoy la necesidad de tres juzgados nuevos de lo social ante «la carga de trabajo desmesurada» que soportan los cuatro existentes, donde se acumulan miles de casos pendientes de resolver de temas como despidos o declaraciones de invalidez.

Espinosa ha expuesta en una rueda de prensa celebrada en los Juzgados de Sa Gerreria de Palma la crítica situación en que se encuentran estos juzgados, que han visto incrementada su carga de trabajo en los últimos años.

Este aumento se ha debido en gran parte a la subida de los asuntos que han ingresado en los cuatro juzgados de lo social de Palma, ya que mientras en 2008 se registraron 4.993, en 2009 fueron 5.748 (un 15 % más) y en 2010, 5.908 (un 2,7 % más).

De esta manera, si en 2008 acabaron el año con 3.350 asuntos pendientes, en 2009 este número aumentó hasta los 4.269 y en 2010 hasta los 5.098.

En cuanto a los primeros cinco meses de 2011, ingresaron en estos juzgados 3.072 asuntos, un 15 % más de los 2.656 contabilizados hasta mayo de 2010.

Según el juez decano, esta situación provoca que todos los juzgados de lo social tengan mas de mil asuntos pendientes y que el señalamiento de juicios se retrase varios meses.

Ha puesto el ejemplo de los asuntos relativos a despidos laborales, que actualmente tardan en señalarse unos 6 meses, lo que conlleva que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) tiene que asumir elevados gastos de demora a partir de los dos meses en que no se resuelve.

En otros casos, como en las declaraciones de invalidez, la situación es aún más grave y se sobrepasa el año hasta que se fija la fecha de juicio, ha indicado el juez decano.

Ante esta «preocupante» situación, Espinosa ha defendido la «creación urgentísima» de tres juzgados de los social en la capital balear, una reclamación que ya se hizo al Consejo General del Poder Judicial y que, según ha afirmado hoy, se volverá a realizar a través de la Sala de Gobierno del TSJIB.

«No se si se nos hará caso esta vez o no, pero los jueces de lo social lo único que pueden hacer es seguir trabajando al ritmo que siguen trabajando», ha dicho, a lo que ha añadido que estos magistrados se ven, sin embargo, «en la obligación moral de denunciar ante la sociedad esta situación».