El arquitecto Raimon Torres, responsable de la redacción del Plan Especial de Protección (PEP) de Sant Ferran, que fue aprobado inicialmente por la COP y posteriormente anulado por el tripartito comandado por Juanma Costa (PP-GUIF-PREF), mostró ayer su preocupación por el hecho de que se haya llegado a una situación absurda en un tema de tanta trascendencia. «El problema es muy serio, ya que en este país seguimos con la tónica de ponernos las leyes en la nuca, las aprobamos pero no las aplicamos, parece que se hacen para hacer bonito».
En el caso de Ca ses Castellones las circunstancias son «muy claras». El Consell de la época pidió que se hiciera una ordenación de los núcleos urbanos. «Isidor Torres, entonces alcalde por la COP, nos encargó a un equipo multidisciplinar en convenio con la universidad para llevar adelante el estudio de lo que debían ser los PEP», relató. En el equipo estaban, entre otros, el arquitecto Salvador Roig y el arquitecto municipal Manuel Díaz y contaron con el asesoramiento de personajes tan remarcables como Joan Marí Cardona y de una importante documentación fotográfica aportada por Beni Truttman.
«El objetivo principal de los PEP era la protección de las casas catalogadas y que tenían cierto interés histórico y patrimonial. Ca ses Castellones era uno de los ejemplos más importantes y mejor conservados de la isla dentro de un núcleo urbano», dijo el arquitecto. Por tanto, el equipo redactor hizo «lo que pedía la ley» y en el caso de Ca ses Castellones se calificó como grado de protección 1, el máximo posible.
El PEP de Sant Ferran fue aprobado inicialmente por la COP. «Luego vino Juanma (Costa) y lo desaprobó. Posteriormente tuve una reunión con Juanma en la que me pedía que bajara el grado de protección y le respondí que el PEP estaba aprobado, que no teníamos por qué modificar el plan y el grado de protección», relató Torres, que añadió que finalmente «desestimaron el trabajo, sacaron al arquitecto municipal y se acabó la historia, dieron licencia para demoler la casa y comenzar a construir el centro comercial».
«Es una lástima que algo que tanto interés e importancia tenía para los formenterenses, proteger los núcleos urbanos y sus elementos patrimoniales, algo que para los visitantes era muy interesante, desparezca. Se pueden tener playas magníficas pero si el patrimonio arquitectónico y cultural desaparece convertirán Formentera en una isla más, en la que se ha edificado donde no se debía y que por culpa de turismo ha dejado de ser lo que era», añadió Torres. El final del caso de Ca ses Castellones es incierto, pero el arquitecto cree que no tiene sentido demoler la construcción, indemnizar a la propiedad y que con ese dinero se pueda volver a construir un nuevo centro comercial idéntico en el mismo sitio, piensa que una vez derruida la antigua casa payesa es irrecuperable y que, por tanto, hay fórmulas intermedias de usos y equipamientos sociales y culturales.