La magistrada del Juzgado de Instrucción Nº1 de Eivissa, Maria Teresa Hernández, ha ordenado la apertura de juicio oral contra los cinco imputados en la causa penal que investiga, desde hace una década, la concesión de la licencia urbanística que en 1997 permitió al músico rumano, Michel Cretu, edificar una mansión ilegal en la cima del monte protegido de Santa Agnès, Can Guillem, catalogado como Àrea Natural de Especial Interés (ANEI).
En su auto, la magistrada declara órgano competente a la Audiencia Provincial de Palma para que siente en el banquillo de los acusados y juzgue, según la petición de Fiscalía, al exalcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur y a la exedil de Urbanismo Blanca Castiella Rodríguez, por un presunto «delito de prevaricación urbanística».
También será juzgado el aparejador municipal Miguel Àngel Martí Miralles, por un supuesto delito de «falsedad cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones», así como el promotor de la obra, Michel Cretu, y el arquitecto de la misma, José Torres Torres, por un presunto delito «contra la ordenación del territorio».
Por otra parte, la juez acuerda el sobreseimiento provisional de los exediles Francisco Javier Planas Ramia, José Prats Cardona, José Ramon Serra Pilot, y José Cardona Cardona Parentona, debido a que no hay acusación contra ellos.
En su auto, la magistrada refleja también el escrito formulado por la acusación popular, GEN-GOB, que se adhiere a las acusaciones de Fiscalía y califica los hechos como «delito continuado contra el medio ambiente».
Cabe recordar que el fiscal pide para Antoni Marí Tur y Blanca Castiella Rodríguez multas por 33.600 euros, así como la inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años. También pide penas de tres años de prisión, multas por 21.000 euros e inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público durante tres años para el aparejador Miguel Àngel Martí Miralles, mientras que para Michel Cretu y el arquitecto José Torres Torres solicita ocho meses de prisión y multas por 31.500 euros para cada uno así como la inhabilitación por un año para cualquier profesión relacionada con el urbanismo.
Por último, también pide para los imputados indemnizaciones al Ayuntamiento de Sant Antoni por la demolición de la mansión ilegal y el pago de las costas del proceso.
Los acusados deberán acudir al juzgado el jueves para las diligencias previas de un juicio cuya fecha deberá establecer la Audiencia Provincial de Palma.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.