Los grupos políticos del Ayuntamiento de Sant Josep, en el pleno ordinario celebrado ayer. | ROCIO MARTINEZ

Dos mociones de urgencia presentadas por el PP y por Nova Alternativa (Nova-A) en el pleno ordinario de ayer del Ayuntamiento de Sant Josep lograron paralizar por dos meses la orden cautelar de clausura para los conciertos del hotel Ushuaïa así como el precinto que pesaba sobre la terraza del Space. Ambas actividades funcionan sin las respectivas licencias, de acuerdo a los expedientes abiertos por el Consistorio, pero se les permitirá continuar esta temporada por «interés general».

Las mociones se fundieron en una propuesta conjunta que salió adelante con los votos de ambos grupos de la oposición y con la abstención del equipo de gobierno en minoría, PSOE-Pacte per Eivissa.

Se trata de un texto consensuado que insta al órgano competente, es decir, al propio Ayuntamiento, «a suspender la ejecución de las resoluciones adoptadas por los expedientes de acreditación de legalidad» que afectan a estos establecimientos turísticos y de ocio, debido a «los perjuicios» que podrían ocasionar al «interés general». Al mismo tiempo, «se requiere a los titulares de los establecimientos afectados que en el tiempo de dos meses soliciten la legalización y regularización de la actividad, y corrijan o subsanen las deficiencias que han puesto de manifiesto los servicios técnicos».

Por su parte, los servicios jurídicos avalaron el acuerdo político porque «a bote pronto no tendría que tener consecuencias de legalidad para el Ayuntamiento».

Perjuicios económicos

El interés general que argumentan los grupos políticos de Sant Josep se basa en los «perjuicios económicos» que podrían provocar ambas clausuras «al municipio y al propio Ayuntamiento, a esta altura de la temporada».

Por un lado, el portavoz de Nova-A, Vicent Torres, aseguró que «de prosperar ambos expedientes significaría el estancamiento para diversas actividades de ocio en Platja d'en Bossa y en el municipio», además de afectar a «cuestiones sociales como plantillas de trabajadores y todo lo que tiene que ver con las expectativas de negocios que hay alrededor de estos locales».

En el mismo sentido se expresó la portavoz del PP, Neus Marí Berris, quien argumentó que, debido a que «no son precintos para garantizar la seguridad pública y atendiendo también que nos encontramos hoy en día en el punto más alto de la temporada turística», ambas clausuras pueden provocar «perjuicios económicos no solo para los establecimientos afectados sino para todos los negocios que hay alrededor». Para Berris, esta decisión «pondría en entredicho la credibilidad de nuestro municipio y podría costar indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento».

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Josep Antoni Prats, aseguró que, a pesar de que entiende «los problemas económicos que se pueden provocar, este Ayuntamiento, en este tema al igual que en muchos otros, está teniendo una actuación ejemplar». «No son expedientes que se hayan abierto precipitadamente y con los que estemos ahora intentando correr deprisa. La ley es garantista y hemos seguido todos los pasos», indicó el concejal, que quiso dejar claro que se aplazan «las medidas cautelares y no las sanciones definitivas que se puedan establecer».

Proyectos de Cala Vedella y Caló de s'Oli, a revisión

A raíz de una moción de Nova-A, Sant Josep también aprobó ayer crear una comisión entre todos los grupos políticos para acordar el diseño de los proyectos de saneamiento de Cala Vedella y de construcción del auditorio de Caló de s'Oli, que serán financiados con fondos del Fomit, por 3,6 millones de euros. También tuvo el visto bueno parte de una moción del PP para desarrollar un plan de seguridad de comercio y de turismo y para que los vecinos actúen como asesores de las fuerzas de seguridad para la prevención de delitos.