Josefa Marí, Elisa Pérez y Bartolomé Roig, ayer, en la unidad de dependencia. | DANIEL ESPINOSA

Eivissa cuenta con 777 personas con problemas de autonomía personal que están a la espera de recibir el recurso asignado por la Ley de la Dependencia, según los datos más recientes de la unidad de valoración del Consell d'Eivissa. Actualmente hay 2.266 con derecho a esta prestación, de las que 1.489 ya tienen asignado el recurso, el Plan Individualizado de Atención, y el resto, 777, están a la espera. De enero de 2010 al 20 de septiembre de este año, 874 han solicitado ayudas, según los datos facilitados por esta unidad de valoración.
En 2007 se puso en marcha la Ley de la Dependencia con una aplicación progresiva de las ayudas personales según su grado y nivel de autonomía, en vigor hasta 2014, una norma «muy ambiciosa, pero que ha sido ‘la gran desconocida'», apunta Josefa Marí, responsable de la unidad.
La norma está dirigida a todas aquellas personas que consideren que son dependientes. Una vez realizado el primer trámite a través de los servicios sociales municipales, los valoradores, Bartolomé Roig y Elisa Pérez, se desplazan a los domicilios para comprobar el grado y nivel de dependencia de los usuarios. «Las solicitudes que nos llegan se valoran al mes», apunta Marí. Los trámites no acaban aquí, sino que después el expediente se remite a la Dirección General de Atención a la Dependencia del Govern, que comunica a los usuarios su grado de dependencia y les informa, además, de que los trabajadores sociales de su municipio tienen que realizar el informe social y el Programa Individual de Atención. Unos trámites muy largos y desde que se pide el recurso hasta que finalmente se recibe la prestación puede pasar un año y medio, por lo que es ahora cuando han empezado a cobrar usuarios que solicitaron la prestación en marzo de 2010. «Se les ha hecho la valoración, la visita de la trabajadora social y saben que lo que les toca. Cobrarán con carácter retroactivo a partir del sexto mes», explica Elisa Pérez, ya que hay un plazo de seis meses para recibir la ayuda desde que se concede, y si cobran más tarde, recibirán también lo retrasado. Además, hay un plazo de cinco años para pagar los atrasos. Dado el tiempo de espera, este departamento se ha encontrado ya en algunas ocasiones con que ha fallecido el solicitante. En este caso, los herederos deben reclamar la ayuda a la administración.
En opinión del equipo de valoración, esta ley es necesaria. «Es un pilar fundamental para ayudar al dependiente, pero es muy amplia y con una serie de grados», apunta Marí. «Es positiva, pero se ha de agilizar. Una persona que necesita ayuda no puede esperar un año y medio a recibirla. Los circuitos han de ser más ágiles», apunta Roig.