El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha dado la razón a la Asociación de Vecinos de Santa Gertrudis en el litigio de la discoteca La Diosa. En concreto, la juez insta al establecimiento a tramitar una nueva licencia de apertura y anula la resolución del Ayuntamiento de Santa Eulària que rechazaba la petición de los vecinos para que se cerrara el local. En conclusión, la juez obliga al Consistorio a «clausurar la actividad no amparada por licencia y la incoación de un expediente de infracción».
El Ayuntamiento aún no sabe si recurrirá el fallo, pero sí que abrirá expediente para estudiar qué se hace con la empresa que ejerce allí su actividad, Sluiz, una tienda de decoración. De hecho, se plantean hacer un certificado para informar al Juzgado de que ya no es una actividad molesta y explicar «por qué no se ejecuta el cierre». «Hay que mirar si la actividad entra dentro de la licencia que se pidió hace años», añadieron.
La sentencia es bastante dura con la actuación del Ayuntamiento, ya que cree que actuó con una actitud «totalmente reprochable y contraria a derecho».
Según relata el fallo judicial, el Consistorio requirió en junio de 2003 a La Diosa para que subsanara una serie de deficiencias que había advertido, «dictándose incluso resolución que acordaba no proceder a la reapertura hasta que no se hubiera arreglado todo». Sin embargo, la entidad contestó que se había adaptado a la licencia. Tras un nuevo requerimiento, la empresa aportó un certificado firmado por un ingeniero industrial asegurando que la actividad no difería de la licencia ya existente. Según la juez, a partir de la presentación de este documento «inexplicablemente el Ayuntamiento se mantiene pasivo». En este sentido, considera «reprochable» la actitud de «permisividad» del Consistorio, que tuvo «fe ciega» en la empresa y dejó que se reabriera el local, ya que no se habían subsanado las deficiencias detectadas. «El letrado de la Administración pretende hacer ver que la resolución recurrida es conforme a derecho cuando el propio actuar del Ayuntamiento denota todo lo contrario», añade el fallo judicial, que recuerda que Santa Eulària tampoco inició la tramitación de actividad tras la presentación del proyecto refundido para restaurante y sala de fiestas.
La asociación de vecinos aplaudió ayer la resolución. «Aunque sea tarde nos dan la razón en que la actividad era ilegal y el Ayuntamiento no cumplió con la obligación de cerrar el local, indicó el dirigente vecinal Josep Costa, que considera que el local no puede seguir abierto ni ejercer ninguna actividad. De hecho, esperan que el Ayuntamiento cumpla la sentencia y no presente recurso.
Santa Eulària no quiere cerrar
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