La consellera de Turismo y Movilidad de Formentera, Alejandra Ferrer, señaló ayer en relación a la multa de la Comisión Nacional de Competencia a las navieras que operan en las Islas que «alguna naviera tendrá serios problemas para seguir adelante si las multas se confirman».
Ferrer recordó que el pacto entre las navieras que operan en la línea de Eivissa y Formentera no es nada nuevo, se trata de un tema que se arrastra desde hace más de una década y recordó que ya en 2004 el Tribunal de la Competencia denunció una situación de monopolio entre las Pitiüses a cargo de Umafisa y Baleària por una concentración del mercado económico. Pero Ferrer indicó que «si hasta 2009 las quejas desde Formentera se centraban en aspectos relativos al transporte de mercancías, porque no es de recibo que cueste un 400% más caro traer un contenedor desde Barcelona a Formentera que a Eivissa», e igual sucede con cualquier otro puerto de origen «desde Formentera se solicitó, ya como Consell, al Tribunal de la Competencia que investigara si era constitutivo de infracción el sistema operativo de las navieras en materia de mercancías que provocaban tal sobrecoste».

Una ley sin futuro
La consellera de Movilidad afirmó ayer que «todo esto podría haberse evitado si tras aprobarse la Ley de Transporte Marítimo, la cual declaraba de interés general la línea entre Formentera y Eivissa, a continuación se hubiera aprobado el Decreto Regulador que hubiera permitido a Formentera establecer periodicidades y precios pero el Parlament balear no lo aprobó».
Para Alejandra Ferrer lo peor es que «ahora el Govern balear quiere volver a modificar la Ley de Transporte Marítimo» en la línea de las alegaciones que en su momento propusieron las navieras que se oponían a las prerrogativas que el decreto regulador otorgaba al Consell de Formentera.

Agradecimiento a Albert Prats de la UCE
El portavoz de la Unión de Consumidores de Eivissa, Carlos Salinas, agradeció ayer al exconseller Albert Prats el trabajo realizado «en el tema de las navieras». La UCE señaló que «si todas las instituciones trabajaran en la misma dirección no ocurriría que los trayectos sean tan escasos y caros. Según la UCE, esto repercute en que los productos estén entre un 10 y un 25 por cien más caros que en la isla de Mallorca».