Un sobrecoste de 530.000 euros en la construcción de una nave enfrenta a PP y PSOE-Pacte de Vila

Por un lado, para el concejal Juan Daura, este sobrecoste «es otra puñalada trapera del anterior equipo de gobierno». «Era una gestión de ellos y ellos no podían permitir esto ¿Por qué lo hacían? Hay muchas hipótesis y prefiero callar porque me podrían llevar al juzgado si digo lo que pienso», afirmó. Por el otro, la portavoz de PSOE-Pacte y exalcaldesa Lurdes Costa dijo que empieza a estar «un poco harta de este señor que habla con acusaciones veladas». «Si es verdad que tiene alguna duda o alguna sospecha de que algo se ha hecho mal que lo diga claramente o que lo diga donde se tiene que decir. Si los técnicos dicen que lo tienen que pagar y él no quiere, que se entienda con los técnicos o con el constructor. Yo no voy a contradecir un informe de los técnicos», destacó.

Iba a costar 1,3 millones

La nave industrial es una obra financiada con el Plan de Obras y Servicios de 2010 (PIOS) e iba a tener un coste inicial de más de 1,3 millones de euros pagados por el Ayuntamiento (746.624 euros) y el Consell (662.073 euros). Está ubicada junto a la terminal de Gesa en un solar municipal y su destino es albergar toda la maquinaria de mantenimiento y fiestas que actualmente se reparte entre aparcamientos reservados sobre Isidor Macabich y un local ubicado en esta avenida frente al Parque de la Paz. Una vez se traslade la maquinaria a la nueva nave, el solar de la avenida será cedido gratuitamente al Ministerio del Interior para que construya la Delegación del Gobierno, como parte del convenio entre Vila y el Estado para edificar los Juzgados en el antiguo colegio de sa Graduada.

Daura señaló que, si bien la nave «irá muy bien porque es muy grande, cuando hace quince días el arquitecto municipal nos dijo que había un modificado de un importe de 530.000 euros, no se me cayeron los pelos porque no tengo».

«La interventora nueva, que es una gran profesional, en principio se negaba a aceptar este modificado porque entendía que no se habían hecho las cosas correctamente porque cuando es un modificado de ese importe hay que parar la obra y hacer una licitación», explicó Daura, y especificó que esto ocurre porque la desviación superó el 10% del precio de adjudicación. «Pero hay unos finales de obra firmados por el equipo técnico y lo que no puedo decirle a la empresa ahora es que no cobra, porque además está aceptado por el otro equipo de gobierno», agregó.

La estructura de la nueva instalación se compone de un sótano y la cubierta de la nave y, según el concejal, unas de las principales causas de este sobrecoste es que se había «calculado mal la altura» del sótano. «Lo habían hecho a 2,50 metros y luego se dieron cuenta de que no entraba el camión grúa, entonces tuvieron que subir el sótano para arriba tres metros, y eso ya fue un encarecimiento bestial», afirmó.

Rebaja en el precio

El concejal explicó también que ha negociado con la adjudicataria de la obra, la empresa Melchor Mascaró, y ha logrado una importante rebaja de cien mil euros, con lo cuál ahora el Consistorio deberá pagar 430.000 euros. «Los vamos a pagar con un reconocimiento extrajudicial aportando un poquito de dinero que teníamos en un rinconcito para hacer inversiones, que lógicamente se tendrán que dedicar a esto», destacó Daura, que insistió en que por éste y otros pagos pendientes «las inversiones del año que viene prácticamente serán cero».

Según la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, una vez se pague este sobrecoste se podrá recepcionar la obra y ceder al Estado el solar de Isidor Macabich para que construya la nueva Delegación del Gobierno. Aún así, indicó que esta desviación también formará parte de las auditorías que se harán al Ayuntamiento, y que incluirán el Consorci Eivissa Patrimoni, además de las empresas Itusa e Imvisa. «La verdad es que la desviación ha sido importantísima y nunca se tendría que haber permitido», criticó.

Por su parte, Lurdes Costa defendió que «en todo caso, este proyecto es una cuestión técnica». «Me temo que si ha habido unas modificaciones él [Daura] tendrá que decir si son ajustadas o no y pedirle a los técnicos oportunos que expliquen este sobrecoste», agregó, y señaló que en casi todas las obras, ya sean públicas o privadas, «es difícil que los técnicos puedan ajustar el precio exacto del proyecto» e insistió en que este sobrecoste deberá ser «ajustado a derecho».