El precio base de la licitación ascendió a 2,92 millones de euros y el objetivo de la venta era aliviar la mala situación económica del Consell. Sin embargo, el conseller de Territori, Mariano Juan, explicó que por ahora no está previsto volver a iniciar el proceso, salvo que hubiera algún comprador «realmente interesado» como para retomar el expediente.
«Durante estas semanas se ha recibido el interés de varias personas y algunos de ellos han llegado a visitar el Polvorín, pero sin que finalmente se haya concretado ninguna oferta», explicaron ayer desde el departamento de comunicación del Consell.
Los terrenos militares y las instalaciones del antiguo polvorín de Santa Gertrudis fueron adquiridos por el anterior equipo de gobierno del Consell con un coste de 2,49 millones de euros en el marco de la compra del recinto de Sa Coma. Ambas propiedades se pagaron al Ministerio de Defensa con una aportación de 30 millones de euros del Estado, procedentes de las inversiones pendientes del Estatut d’Autonomia.
La propiedad está ubicada en el paraje denominado Molí d’en Mata y se compone de un terreno de 65.237 metros cuadrados con edificaciones de uso militar que suman 3.248 metros construidos. Cuenta con un total de once edificios dentro del antiguo acuartelamiento militar y una casa conocida como ‘casa del holandés’ que el Ministerio adquirió en 1978 y que tiene unas impresionantes vistas. En su parte subterránea, el polvorín tiene una galería en circunvalación con capacidad para grandes vehículos, como camiones, y desde la que se accede a diez almacenes de diferente tamaño donde antiguamente se guardaban los explosivos.
El suelo está calificado como rústico en las Normas Subsidiarias de Santa Eulària y, según anunció en su día el presidente del Consell, Vicent Serra, no habrá ninguna recalificación, con lo cual la edificabilidad de la zona está limitada a las condiciones de este tipo de suelo.
Para la venta de las instalaciones, el Consell llevó a cabo la «desafectación» de los terrenos el pasado mes de diciembre, ya que las tierras eran de dominio público y debían pasar a ser propiedad del Consell para poder efectuar su venta.
Entre los motivos para desafectar la zona, el Consell puso como argumentos «la grave situación económica» en la que se encuentra la institución y la «necesidad urgente de obtener recursos que permitan realizar inversiones muy necesarias para la ciudadanía de Eivissa».
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Tuvimos que pagar para quedarnos algo que ya era nuestro y perderemos todavía más dinero ahora rebajando y rebajando el precio hasta que alguien se lo quede.