Varias empresas de alquileres de coches estudian en la actualidad la manera de presentar denuncias por daños y perjuicios causados por la aplicación del decreto ley contra los taxi pirata que entró en vigor en junio de este año y por el cual se prevén sanciones económicas para los rent a car. A ello hay que sumar la intención de presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra este decreto ley. «Hay empresas que están estudiando con abogados la manera correcta de presentar estas denuncias y sobre todo contra quién. Se presentarán seguro, lo que ocurre es que se están retrasando un poco porque es agosto», expresó Juan Cárdenas, presidente de la asociación de rent a car de Pimeef.

Malestar

El malestar de los empresarios del sector de alquiler de coches se extiende desde que se aprobara en junio este decreto ley, pero sobre todo a raíz de la reunión que mantuvieron en el Consell. «Cuando tuvimos la reunión con el presidente del Consell parecía que saldríamos con una solución, pero no fue así porque no se han tomado medidas», expresó Cárdenas, quien puntualizó que el presidente de la máxima institución insular «casi seguro sabe de la inconstitucionalidad de la norma». Cárdenas defiende que las denuncias se presenten de manera conjunta, pero por el momento están valorando si hacerlo a título individual o como asociación.

El sector de alquiler de coches, según expresó el presidente de esta patronal, «está tomando medidas» para no alquilar a quienes vayan a ejercer el transporte ilegal de pasajeros, pero puntualizó. «Pero claro, ¿eso realmente cómo lo sabes? Tenemos que ser un poco adivinos en este sentido, pero nosotros ¿qué responsabilidad podemos tener?», se preguntó Cárdenas. Preguntado sobre si un rent a car puede negarse a alquilar un vehículo a un usuario contestó: «Muchas veces dependiendo de quien venga no se lo alquilas porque tienes miedo de que lo vayan a usar para hacer de taxi pirata. No puedes decirle directamente ‘no te alquilo el coche’, pero sí que le pones muchos inconvenientes y al final no se lo acabas alquilando».

Las sanciones para las empresas de alquiler de coches oscilan entre los 6.000 y 12.000 euros y su abono será imprescindible para recuperar los coches. En esta misma línea, el Consell planteará modificaciones al decreto que se introducirán en la ley de Transporte que se tramitará en el Parlament.