La Plataforma por la Convivencia de Eivissa, representante de los colectivos de inmigrantes de la Isla, pidió ayer que el Govern balear demuestre «un mínimo de humanidad» y suavice la aplicación de la nueva ley de asistencia sanitaria que impide que los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos de forma gratuita y les exige un seguro de 60 euros al mes.
Según uno de sus portavoces, Jacobo García, mientras otras comunidades como Galicia ya anunciaron que suavizarán el decreto dentro de sus competencias, Balears, «la comunidad con un nivel de población extranjera más importante, no ha dicho nada más allá de frases genéricas que no llevan a ningún lado como ‘No vamos a dejar morir a nadie en la calle’. Más allá, no han demostrado un mínimo de humanidad para que este real decreto se suavice y no afecte a miles de personas», se quejó García.
Según denuncian desde la plataforma, aunque la nueva ley entró en vigor el pasado 1 de septiembre, «las medidas de limitación de acceso a la sanidad para los inmigrantes sin papeles empezaron a tomarse antes». «Ya lo denunciamos cuando se celebró el Foro de la Inmigración balear en junio. Alda [Yurramendi, también portavoz de la plataforma] presentó dos ejemplos de facturas emitidas por centros de Eivissa por atención médica a una menor y a una embarazada, algo que es ilegal incluso desde el propio real decreto, que es el que ha reformado el sistema sanitario», criticó García.
En el mismo sentido se expresó Yurramendi, que recordó otro caso de una madre de origen sudamericano en situación legal que tenía a su hija internada en Can Misses pero la tuvo que sacar del hospital porque no podía seguir pagando. «Ella es inmigrante legal pero su niña de 15 meses todavía no está regularizada con sus papeles. Le cobraban 80 euros al día», explicó la portavoz.
Asimismo, se quejó de «los funcionarios no tienen la más mínima información», lo que provoca que esté «pasando cualquier cosa». «No sabemos si no la reciben o ni el IB-Salut sabe dónde está parado», dijo.
Según Yurramendi, la entrada en vigor de la ley provocó «el caos» y muchos inmigrantes sin papeles pueden seguir teniendo asistencia mientras a otros en situación legal se les ha excluido del sistema.
Por último, la portavoz de la plataforma recordó que en las Pitiüses residen alrededor de 2.000 inmigrantes sin papeles.
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