C. Alcántara / Torres Blasco16/10/12 0:00
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El diputado del PP Miguel Ángel Jerez arremetió ayer en el Parlament contra el anterior equipo de gobierno del Pacte al pedir en el pleno una valoración al Govern de la sentencia que condena al Govern a pagar una indemnización de 56.000 euros a la UTE «Vielca Ingenieros, SA, PricewaterhouseCoopers» por la denegación de la auditoría de las carreteras del aeropuerto y de Sant Antoni asegurando que el Govern del Pacte quería conseguir que otra adjudicataria redactase la auditoría para «criminalizar la ejecución de los proyectos por parte del PP». Dijo que «rechazaron la oferta a las bravas y sin valorar las consecuencias, con una clara intencionalidad, el Govern quería conseguir que otra adjudicataria redactase la auditoria».

El conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, respondió que «cualquier desembolso económico como consecuencia de una mala gestión es una mala noticia; estamos obligados a dar cumplimiento de esta sentencia y evidentemente la hemos de acatar y respetar».

Justificaciones

Gornés explicó que se argumentó una incompatibilidad de la empresa para denegarle el contrato al intervenir en las obras auditadas «pero lo que se oculta es que una de las personas que forma parte del equipo técnico había estado en el cargo del anterior gobierno como director general de Comercio y eso lo sentenciaba para no poder hacer trabajo nunca más para la administración pública, un sospechoso para el Pacte», denunciando «la actitud y persecución de antiguos miembros del Govern en manos del Pacte».

Jerez dijo, en un tono airado, que a estos 56.000 euros «hay que sumar otros 46.000 euros más por elegir una oferta más cara y 700.00 euros más para una auditoría que no nos sirve para nada y podemos tirar directamente a la basura; quisieron penalizar al PP en contra del informe de la Abogacia de la comunidad, imputar responsabilidades en contra de la lógica, el sentido común, la moral y la ética; que lo sepa este Parlament y los responsables de aquel despropósito que hoy se sientan en el Parlament. Que sepan que las carreteras de Eivissa se ajustan a derecho», defendió.