El presidente de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Discotecas y Similares de Balears, Jesús Sánchez, lanzó ayer duras críticas contra los ayuntamientos ibicencos, a los que acusó de no hacer cumplir la ley y no actuar contra los numerosos locales de ocio (ellos tienen denunciados a 22) que trabajan sin permisos en Eivissa.
Esta situación ha llegado a tal punto que a finales del verano, la asociación decidió interponer una denuncia diaria ante la Delegación del Gobierno para quejarse de estos incumplimientos. Sánchez relató que hace casi un año se reunieron con el presidente del Consell, Vicent Serra, quien les pidió «tranquilidad» a la hora de iniciar reclamaciones ante los ayuntamientos. «Nosotros necesitábamos algún gesto de que se iba a abordar esta situación conflictiva, porque hay algunos establecimientos muy concretos sobre los que hay reclamaciones desde hace años y que nos hacen competencia muy desleal», explicó el presidente de estos empresarios, que indicó que Serra les comprometió a trabajar en esa línea.
Desde la asociación aseguran que cumplieron su palabra y mantuvieron la tranquilidad, aunque ya en junio remitieron una carta a Serra informándole de que había locales ilegales que empezaban a trabajar incluso haciendo publicidad y «sin presión por parte de los ayuntamientos». Pidió una reunión con él y dice que no recibieron convocatoria, además de que encima el Consell firmó un convenio con Pino Sagliocco para la celebración del festival Ibiza 123, que «penalizó la actividad» de muchas de las empresas de la asociación.
Por eso en agosto, al ver que no se avanzaba y que los denunciados, entre ellos algunos afters, ejercían su actividad, la asociación acudió con un notario a los ayuntamientos para que quedara constancia de los escritos de queja que se presentaban. Asimismo, llegaron a presentar una denuncia «diaria y permanente» ante la Delegación del Gobierno.
Según Sánchez, estas denuncias han dado como resultado algunas respuestas «más satisfactorias que otras». El próximo paso será consultar a sus asociados si lo llevan a los Juzgados, porque no están satisfechos con el resultado de estas denuncias. «Queremos que se regularice esta situación, que ahora nos genera importantes desequilibrios en nuestra actividad económica y no queremos tener que destruir puestos de trabajo», añadió el presidente de esta patronal.
En concreto, la asociación se queja de la actuación de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària, aunque matizó que este último municipio sí que cerró en 24 horas la discoteca ilegal Plan B. De hecho, Sánchez cree que esto demuestra que «cuando hay voluntad política» los ayuntamientos sí que actúan. «Sant Josep y Sant Antoni no tienen la misma predisposición desgraciadamente», lamentó el presidente. «Parece que nosotros seamos los malos de la película por denunciar, cuando nosostros padecemos el incumplimiento y llega un punto que tenemos que hacer valer nuestros derechos», añadió Sánchez, que recordó que muchos expedientes datan de 2008.
Resoluciones
Sánchez lamentó que se sancione a algunos locales por cosas puntuales, «pero no van al origen del problema» y no se les cierra el establecimiento. Citó una sentencia de 2009 en la que la Justicia consideró que el DC-10 incumplía el aforo (que es solo para 65 personas) de forma «grosera», ya que tiene 34 empleados y muchos más asistentes. La gran mayoría de los 22 establecimientos denunciados están en el municipio de Sant Josep.
Críticas a la permisividad de la ley turística
Los empresarios de discotecas también critican que la ley turística beneficia a los hoteles, que pueden desarrollar «actividades secundarias sin licencia para 5.000 personas en perjuicio del local de al lado, que sí debe tenerla», algo que consideran un «agravio comparativo».
Asimismo, arremetieron contra la decisión de subirles el IVA del 8 al 21%, incluso en las consumiciones interiores. Actualmente la asociación tiene unos 50 socios, cuando hace años llegaron a tener 110. Explican esta bajada se debe a la «desgana administrativa», ya que hay empresarios «que no se sientan amparados ni por la Administración ni por la asociación».
Por último, Sánchez está «satisfecho» de los resultados económicos de la temporada.
3 comentarios
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LAS DALIAS es otro local que tendrian que mirar bien, que tiene licencia de cafe-concierto pero funciona como una discoteca a pleno rendimiento. Tendrian que actuar y que caiga TODO el peso de la ley sobre ese local.
I els beach club, no tenen poder? El poder de la por, de l'amenaça explícita als vecins, de la connivència amb l'administració, que té un tracte de favor vergonyos amb ells (exemple claríssim, el Blue Marlin, llogant-li cases al pare de l'alcaldessa de Sant Josep). Pronte no podrem fonyar la platja per mor d'aqueta gent. I els polítics, mirant cap a un altre costat. Jo proposaria l'eliminació de tots els ajuntaments, de tots sense excepció, perquè cada ajuntament fa el que vol, i es bota la normativa quan li vé bé, i si no intenta crear normativa nova.
A todas las grandes discotecas habria que controlarles el aforo y hacerselo cumplir pero creo que tienen demasiado poder tanto politico como economico.