El Ayuntamiento de Sant Antoni ha enviado a Fiscalía un informe jurídico que avala la legalidad de la licencia de obra mayor concedida al exconcejal Vicente Cabezas.

Desde el Consistorio de Portmany, han recordado que un informe técnico-jurídico sobre la tramitación de la licencia «avala la legalidad de la concesión de este permiso, aprobado en la Junta de Gobierno del pasado 29 de junio de 2012, porque el local en cuestión está ubicado en una zona que tiene la clasificación urbanística de suelo urbanizable programado, según el Plan General de Ordenación Urbana de Sant Antoni».

Además, han insistido en que la licencia «cuenta con el Plan Parcial aprobado desde 1997, el proyecto de Compensación de 2004 y el Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en 2008».

El Ayuntamiento ha explicado que el informe, junto con toda la documentación correspondiente, ha sido enviado a la Fiscalía de Eivissa que investiga el citado expediente.

El exconcejal Vicente Cabezas solicitó la licencia por primera vez en 2009 y el Ayuntamiento se la denegó en la Junta de Gobierno de 29 de julio de ese año porque, «pese a que el Proyecto de Urbanización de la zona de Ses Païsses estaba aprobado de forma definitiva, existían otras normas que no permitieron su autorización», han explicado desde el Consistorio.

Según han destacado fuentes municipales, el pasado mes de junio, cuando la licencia fue concedida, la resolución favorable también estaba bien fundamentada jurídicamente, tras la aprobación del Decreto Ley 7/2012 de Medidas Urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible, que prevé el desarrollo parcial de proyectos de urbanización y simultanearlo con la construcción.

Así, han asegurado que «la Junta de Gobierno Local actuó bien, tanto en la forma en que se otorgó la licencia, con informe favorable del técnico y con la certificación del secretario, así como también en el fondo, porque lo avala este informe».

La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, ha recordado que «la voluntad de este equipo de gobierno es la de cumplir estricta y escrupulosamente la ley y colaboramos con Fiscalía en este proceso porque nuestro objetivo es también que las actuaciones, decisiones y trámites públicos del Ayuntamiento se hagan con transparencia y conforme a la legislación vigente».

«Los ciudadanos nos dieron su confianza para gobernar y nuestro compromiso fue hacerlo para mejorar la calidad de vida de Sant Antoni, velar por la legalidad y el interés general», ha dicho la primera edil, que también ha defendido la petición hecha al Govern para que abra un expediente al secretario municipal.