Los sindicatos de la Funció Pública han presentado esta mañana el calendario de movilizaciones. | M. À. Cañellas

Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, USO y STEI-i han convocado a los cerca de 6.000 trabajadores de los Servicios Generales de la Comunitat Autònoma a secundar una huelga -consistente en paros parciales- para el día 14 de diciembre y organizan una manifestación, para el mismo día, que prevén será multitudinaria.

Así lo explicó ayer el representante de UGT en Funció Pública, Jordi Crehuet, quien manifestó que «hemos registrado la convocatoria de huelga -que consiste en paros de las 12.00 a las 14.00 horas- que se acordó en la asamblea de trabajadores celebrada el pasado día 24 de octubre». La huelga afectará tanto a funcionarios como a personal laboral de todos los servicios de la Administración autonómica, excepto los que trabajan en las áreas de sanidad y educación.

Alrededor de las 12.30 horas tendrá una concentración en la Plaça de Cort, frente al Ajuntament de Palma, desde donde se iniciará una manifestación que terminará frente al Consolat de Mar, con una parada previa ante la sede de la Vicepresidència Econòmica.

Bancos

Por otra parte los sindicatos han pedido a los funcionarios y empleados públicos que retiren de sus cuentas bancarias, el próximo día 10 de diciembre, 200 euros como muestra de rechazo al apoyo sistemático de las entidades bancarias, «que no están siendo castigadas como los empleados públicos».

Además, tal y como explicó Crehuet, acompañado de Mateu García (CSI-F), José Ucendo (USO), Miquel Gelabert (STEi-i) y Joan Palou (CCOO), ayer se registró un escrito, ante la Conselleria de Presidència, en el que piden al Govern que dé ejemplo de ahorro y suspenda «los actos superfluos de Navidad», como las comidas, cenas, copas o adornos para dar muestra de austeridad.

«Todo lo que implique celebración y tenga un coste económico a cargo de las arcas públicas, que se suspenda», apostilló Crehuet. Por otra el representante de UGT afirmó que la ley que prevé sanciones para los funcionarios que expresen opiniones políticas, es «una supresión radical del derecho a poder manifestar lo que cada uno piensa» y añadió que con esta norma el Govern podrá abrirles un expediente por tener un señera encima de su mesa. «El PP está generando conflictos y polémica donde no los hay», apostilló Crehuet.