El presidente del Consell, Vicent Serra, junto a la portavoz de la concesionaria del Cetis, Teresa Sagalés, y representantes de la empresa. | G. G. LAMA

El Consell d'Eivissa ha convocado para mañana una reunión con el Ayuntamiento de Vila para tratar el tema del traslado de las líneas interurbanas de transporte regular de pasajeros a la Estación de autobuses CETIS. La institución, precisamente, recordó que estas líneas son competencia del Consell.

La reunión se realizará para dar cumplimiento al decreto municipal del pasado 5 de junio, que vuelve a estar vigente tras el levantamiento cautelarísimo decretado por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Palma, que da vigencia a la orden de traslado al CETIS de las líneas que actualmente se detienen en la avenida Isidor Macabich.

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"Los servicios jurídicos del Consell están valorando la posibilidad de presentar o no un recurso contra este levantamiento de la suspensión, si bien este recurso no paralizaría la aplicación del decreto", señalaron ayer fuentes de la institución insular, que recordó que "continúa con los diferentes recursos que tiene interpuestos en relación a este asunto, al considerar que se produce una modificación de las concesiones que son competencia del Consejo, que las tarifas aprobadas no se han tramitado como tasas sino que las han fijado dos emprendidas sometidas a derecho privado, y que la concesión es nula de pleno derecho, entre otros motivos", asuntos sobre los que el juzgado aún no se ha pronunciado y que son "el fondo de estas cuestiones".

Por su parte, el grupo PSOE-Pacte del Consell de Eivissa ha anunciado que pedirá que el presidente del Consell, Vicent Serra, explique en el próximo pleno qué costes económicos están teniendo para la ciudadanía los procesos judiciales y los informes externos que el equipo de gobierno está encargando sobre la puesta en marcha de la Estación de Autobuses de Vila.

Además, PSOE-Pacte exigirá al PP «que pague de su propio bolsillo los miles de euros que está costando toda esta operación de boicot injustificado, incluso con informes elaborados por empresas externas, en vez de encargarse a los funcionarios de la institución».