El proyecto de ley del suelo que aprobó el Govern la semana pasada contempla que todo el dinero extra que ingresen los ayuntamientos por legalizar cientos de viviendas cuya infracción ya haya prescrito se deberá destinar a la compra, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal del suelo.

Con esta normativa, el Ejecutivo balear permite que todas las edificaciones existentes en suelo rústico que ya no se puedan derribar porque su irregularidad haya prescrito se puedan legalizar. Pese a que no existen cifras oficiales, en Eivissa puede haber alrededor de mil viviendas en esta situación. Este período extraordinario de regularización durará tres años y tendrá que iniciarlo el Consell d’Eivissa.

Según figura en la ley, publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la persona interesada en regularizar el conjunto de su vivienda o algunas obras realizadas irregularmente tendrá que presentarse en el ayuntamiento correspondiente, donde solicitará la legalización. Tendrá que aportar la documentación gráfica y escrita relativa a la edificación en su estado real y el proyecto «de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística que la ordenación establezca».