El Ayuntamiento de Sant Antoni está siguiendo dos caminos contrapuestos con respecto al aparejador municipal Miguel Ángel Marí Miralles, condenado a un año y medio de prisión por un delito continuado de prevaricación. Por un lado, el Consistorio ha presentado el recurso casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma. Por el otro, el propio Ayuntamiento sigue adelante con el expediente disciplinario que anunció contra el técnico cuando se hizo pública su condena, a principios de mes.
Cabe recordar que Sant Antoni argumentó que el técnico «tiene derecho» a tener asistencia jurídica pagada por el Ayuntamiento, porque así lo establece el Pacto de funcionarios, que en su artículo 45 señala que «todos los funcionarios que sean inculpados o procesados como consecuencia del empleo de las funciones que tengan encomendadas dispondrán de abogado y procurador designados al efecto por el Ayuntamiento de Sant Antoni». Ahora, desde el Consistorio confirmaron que ya se ha presentado el recurso aunque que se sigue adelante con el expediente.
La Audiencia condenó a Miralles por emitir un informe favorable para la construcción de una vivienda en un suelo rústico no urbanizable de Sant Mateu, calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), y por aprobar también otro proyecto de reforma y ampliación para el mismo inmueble, haciendo constar que cumplía la normativa «a sabiendas de que no era así», dice el escrito judicial.
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