El año pasado, este servicio de vigilancia privada en el casco urbano de Sant Antoni fue costeado íntegramente por los hoteleros y esta temporada pasada se sumaron otros sectores, como restauración, comercios o negocios náuticos, además de 40 hoteleros, por lo que la Estación Náutica Sant Antoni-Sant Josep se encargó de gestionar el servicio esta temporada, que empezó a funcionar a finales de junio y acabó en septiembre. «Si el resto de colectivos quieren continuar que lo hagan, pero la Asociación Hotelera de Sant Antoni y el grueso de los hoteles en un principio para la temporada que viene no lo tenemos previsto», precisó Planells, quien prefirió no dar cifras sobre cuánto han tenido que aportar los hoteleros para proporcionar este servicio al municipio, pero apuntó: «Es un coste elevado. Nosotros como hoteleros no podemos seguir soportando este gasto. La idea no es postergar este proyecto en el tiempo ni tener que asumir más costes».
Por esta razón, en diversas reuniones que han mantenido a lo largo de esta temporada con el Ayuntamiento de Sant Antoni plantearon al Consistorio la posibilidad de que regule el servicio «de vigilancia privada y de serenos a través de una ordenanza municipal, como ya han hecho otros municipios del país». «La idea les pareció muy buena y la recibieron muy bien; la comunicación con el Ayuntamiento siempre ha sido muy fluida», puntualizó Planells.
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Al final y con la aprobación de la ley de seguridad privada, lo primero es que no es personal preparado para tal fin, y lo segundo al final habrá dos tipos de seguridad, una para pobres otra para ricos, y sino al tiempo.