Los directores de Educación Secundaria de las islas reclamaron ayer un aplazamiento de la implantación de la nueva ley educativa (Lomce), que se tendrá que aplicar a partir del próximo curso en 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Con este retraso pretenden evitar el «caos organizativo» que supondrá este cambio y que afectará a la mitad de la población escolar de Secundaria.
Según aseguraron, «no hay tiempo material para organizar de forma adecuada el próximo curso» debido al «retraso» en la aprobación del currículum básico, que publicó el Ministerio de Educación el pasado 3 de enero, «a solo seis meses de finalizar el curso escolar y sin consultar a las comunidades autónomas ni a las entidades educativas».
Currículum
«A partir de ahora cada comunidad autónoma debe ponerse a adaptar y aprobar el currículum para su ámbito territorial, lo que supone rediseñar decenas de asignaturas en pocos meses y nos consta que en nuestra comunidad estos trabajos ni siquiera han empezado», lamentaron los directores.
El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Eivissa, Ernesto Olariaga, aseguró que si todavía hay que desarrollar el nuevo currículum promete ser «un curso complicado», ya que supondrá «muchos problemas». Entre otras consecuencias, apuntaron que los institutos tendrán que hacer la oferta educativa sin saber muy bien que asignaturas podremos ofrecer. Además, no podrán comenzar la organización de los horarios ni definir las necesidades de profesorado, y las editoriales no podrán tener los nuevos libros de texto a tiempo.
Los directores, que solicitarán una reunión urgente con la la consellera d’Educació, advirtieron que todo ello «redundará muy negativamente» en los alumnos y en sus familias, por lo que piden que se paralice y se posponga al curso 2016-2017, como ya han reclamado gobiernos de otras comunidades como Andalucía, Catalunya, Canarias o Asturias.
Pendientes de la deuda
Después de veinte días de vacaciones, los escolares volvieron ayer a las aulas para continuar el curso en este año nuevo con las pilas cargadas. Para el Govern balear empezó tal como acabó: con una deuda pendiente con los centros educativos, tanto públicos como concertados.
La Conselleria d’Educació pagó, el día 22 de diciembre, el mes de octubre, pero ahora deben a los institutos la partida correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. La presidenta de la Asociación de Directores de Primaria de Eivissa, Mercedes Ibarrola, recordó que el problema «no es la cantidad, sino que no sabemos cuando nos van a pagar», por lo que no pueden realizar previsiones de gastos. En el caso de su centro, el CEIP Sant Carles, recordó que con la crisis «hay cosas que se quedaron a medias como las dotaciones informáticas». Además, resaltó, que el retraso de los pagos también dificulta la realización de acti
vidades pagadas como talleres, cuentacuentos o excursiones. Por su parte, Olariaga, aseguró que, de momento, los centros funcionan de forma normal, aunque no descarta que si la tendencia de no pagar continua, puedan entrar en dificultades.