Según han explicado fuentes municipales, las medidas contenidas en el Real Decreto hay que aplicarlas en las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles, se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad.
La norma estatal define las responsabilidades que el Ayuntamiento podría tener en el caso de brotes sin control en las instalaciones de riesgo, como son las torres de refrigeración, piscinas, sistemas interiores de agua fría para consumo humano, cisternas o agua caliente sanitaria, entre otras.
El objeto del pliego es el control y prevención de la legionelosis, realización de un inventario de las instalaciones en las que deben ejecutarse tratamientos de limpieza, desinfección y controles analíticos; implantación de un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones de riesgo municipales, tratamiento del sistema de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria en edificios de dependencias municipales.
A partir de la puesta en funcionamiento de este servicio, los colegios, las escoletas, los centros de mayores o las unidades básicas de salud pasarán a ser evaluadas y controladas.
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