Según este organismo, el Consell debería «unificar los criterios de elaboración de los diferentes catálogos municipales», ya que si cada ayuntamiento elabora el suyo propio a partir de diferentes criterios, «aumentará la sensación de inseguridad jurídica y de arbitrariedad». No obstante, añadieron que se debe realizar a través de informes técnicos y no a través de «las presiones que algunos particulares puedan ejercer sobre los responsables políticos municipales».
Respecto al rechazo que ha ocasionado en Sant Antoni, Montserrat Montés apuntó que «sin contar con los propietarios, cualquier catálogo nacerá muerto», ya que «el éxito o fracaso del documento dependerá de la adhesión social». Además, destacó que «la exigencia de un mayor control sobre las obras que se puedan llevar a cabo en una casa payesa catalogada debería ir acompañada de un paquete de medidas que compense a sus propietarios cuando ejecuten obras con el máximo respeto».
El IEE también recordó que «no es cierto» que las casas payesas no podrán realizar ninguna reforma, tal como se «demuestra» en otros municipios con el catálogo de patrimonio vigente. «Cualquier casa, incluso teniendo el grado de protección más elevado, admite reformas que la adapten a los estandartes de habitabilidad actuales», indicaron.
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