Joan Boned y Vicent Torres en la reunión mantenida ayer en el Consell d’Eivissa. | Daniel Espinosa

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, se reunió ayer con el conseller balear de Territori, Energia i Mobilitat, el ibicenco Joan Boned, que insistió en la intención del Govern balear de modificar la Ley del Suelo —aprobada hace un año «con el voto único» del PP—, con el objetivo de que «prime el interés general». «No se trata de romper nada, sino de actualizar y hacer más eficaz aquellas herramientas que tenemos para gestionar nuestro territorio», explicó Boned, que destacó que el objetivo es «preservar el territorio y el paisaje» y tratarlo como «el tesoro que da apoyo a nuestra principal industria que es el turismo». «Si maltratamos este elemento tendremos turismo con fecha de caducidad», alertó.

Joan Boned apuntó que la modificación de la normativa se realizará con el consenso de todos los Consells insulares y detalló que uno de los puntos que se revisarán será el proceso de legalización de casas en suelo rústico.

El conseller dijo que no están «de acuerdo con el trámite actual de la regularización de estas viviendas» y que se modificará este procedimiento para «no premiar al infractor». «El infractor tiene que ser consciente de que ha actuado al margen de la ley», argumentó Boned, que matizó que tampoco «se trata de eliminar la normativa», sino de revisar todos los casos y las sanciones. «Ninguna administración saca rendimiento a tener casas ilegales. Las que son susceptibles de que se les abra expediente, se tiene que hacer, pero aquellas que no son susceptibles de volver a su estado original las tenemos que tener de la mejor manera posible», especificó el conseller, que recordó que en el primer año de la normativa se han iniciado en Eivissa 500 proyectos de legalización de casas en suelo rústico, cuando en Balears se calcula que hay unas 30.000 viviendas en esta situación.

Transporte

Respecto al transporte, Joan Boned anunció que reactivarán el Consorci de Mobilitat insular para intentar cambiar el modelo de financiación. Según el conseller, no pueden volver a permitir que «los más de 60 millones de euros destinados a esta materia se queden en Mallorca y no llegue ni un solo euro a Eivissa, Menorca y Formentera».

En cuanto a la vivienda, destacó que es un tema «clave» ante el cual no pueden «cerrar los ojos» y ante el que deben buscar formular «para ser el primer salvavidas de la gente con problemas de vivienda», lo que conllevará la modificación o creación de normativa, como una ley de la vivienda.

En la reunión, a la que se unieron los consellers Pepa Marí (Territori i Mobilitat) y Miquel Vericard (Medi Ambient), también trataron el futuro de las energías renovables en la isla y de la carretera de Santa Eulària como «máxima prioridad».