La cadena de retrasos que acumula el proyecto de la nueva sede judicial de Eivissa cuenta este mes con su enésimo eslabón. Aunque desde el Ministerio de Justicia se anunció, a finales de octubre, que los trabajos de ejecución de la primera fase comenzarían a mediados de diciembre, lo cierto es que ni siquiera se ha puesto en marcha la demolición del antiguo colegio de sa Graduada, en cuyo solar está proyectado el futuro edificio.
El 10 de noviembre, hace ya un mes, se dijo que el derribo de Sa Graduada sería inminente después de que la empresa Excavaciones y Demoliciones Medina S. L. ganara el concurso para ejecutar los trabajos por 92.452 euros, 25.000 menos que la oferta inicial (117.549 euros). Casualmente se trata de la misma empresa que ha llevado a cabo la demolición de la antigua Delegación del Gobierno, situada justo enfrente.
Los plazos previstos ya han expirado. Ayer, fuentes del Ayuntamiento de Vila consultadas por este periódico confirmaron que se está recabando información y cerrando el proceso administrativo para proceder al derribo a la mayor brevedad.
Los trabajos durarán dos meses y cuando terminen, el Ministerio de Justicia comenzará la construcción del nuevo edificio judicial, que todavía no ha sido adjudicada. El plazo previsto para su ejecución es de cinco años.