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Joan Boned reconoce que quizás ha faltado dar más información sobre el decreto urbanístico aprobado por el Consell de Govern el pasado martes. Con esta aprobación, se prohíbe construir en ANEI de más de 50.000 metros y se paraliza la amnistía para viviendas ilegales en suelo rústico.

—¿Qué pretende esta moratoria para Eivissa y Formentera?

—Lo que quiere es restituir la coherencia en la ordenación de nuestro territorio. Hemos dicho muchas veces que el territorio es el principal tesoro que garantiza que nuestra principal industria, el turismo, tenga futuro. Y por eso hay que hacer todo lo que sea necesario para asegurarnos que este territorio seguirá siendo, con garantías, el principal tesoro para nuestra gran industria turística.

—¿Era tan urgente?

—En estos últimos cuatro años se habían aprobado algunas leyes sectoriales que poco tenían que ver con lo que son leyes de territorio. Le recuerdo que se aprobó la Ley del Suelo, pero se utilizó el subterfugio de dos leyes sectoriales, la Ley Turística y la Ley Agraria, para gestionar también el territorio. A partir de ahí se permitió la utilización del suelo rústico para fines que no son, precisamente, los que se esperan para este suelo. Lo que queremos es que en el suelo rústico se mantenga una actividad económica pero se prioriza los usos rústicos.

—Estos cambios también afectan al sector turístico...

—Sí, lo que se prohíbe ahora es en zonas turísticas construir dos plantas más en los hoteles. No nos gusta esta fórmula. Tampoco queremos incremento de plazas turísticas. No es ese nuestro modelo. Con estos cambios se puede cambiar la categoría de los hoteles y ampliar en un 20 por ciento lo que esté legalizado.

—¿Pueden estar tranquilos los hoteleros de las Pitiüses?

—Yo entiendo la inquietud de los hoteleros porque hasta ahora tenían la capacidad absoluta de decisión. Ahora vuelven a estar sujetos a algunas normas, pero otra cosa importante para nosotros es recuperar los informes previos. Ahora se presentaba el proyecto y empezaban las reformas. Otra cosa importante es que se recupera la prevalencia de los planeamientos municipales. Sabemos que con el informe de un arquitecto de reconocido prestigio los proyectos seguían adelante. Ahora no tienen esa capacidad.

—Hay inquietud quizás porque el Govern no ha explicado a nadie sus planes...

—Sí, en eso no van desencaminados. Lo que aprobamos el martes es un decreto que deja poco margen de negociación porque lo que pretende es suspender cautelarmente unos cincuenta de artículos de tres leyes. El objetivo ahora es trabajar en la modificación de tres leyes fundamentales. El trabajo importante viene ahora. Este decreto tiene una vigencia de dos años. Es cierto que algunos colectivos no han participado en este decreto, pero se les ha informado de la aprobación.

—Una fórmula, el decreto ley, que ustedes criticaban cuando lo aplicaba el Govern de Bauzá...

—Nosotros tenemos una cosa clara. No queremos legislar a golpe de decreto. Es una herramienta específica para trabajar luego con las leyes, hacer los cambios correspondientes en tramitación parlamentaria.

—¿Cuántos proyectos se paralizan en las Pitiüses con la prohibición de construir en ANEI de más de 50.000 metros cuadrados?

—En estos últimos tres meses se habían presentado en el Consell d’Eivissa ocho proyectos en ANEI. Estaban en trámite. Puede que algún ayuntamiento tenga algún proyecto más, pero aún no tenemos constancia.

—¿Se pueden legalmente prohibir proyectos presentados tres meses antes del decreto?

—Sí, y lo haremos. Todos los proyectos están afectados por esta moratoria. Es posible que haya habido un efecto llamada porque en estos meses se ha hablado mucho de protección en ANEI. Jurídicamente es admisible proteger con efecto retroactivo. Uno puede estar de acuerdo o en contra, pero es factible. No es ninguna barrabasada. Son los tres meses que tiene la administración para contestar las solicitudes.

—En sus primeras reacciones, el PP dice que este decreto va a generar miseria en las Pitiüses...

—Me parece un poco drástico porque hemos tenido mucho especial interés en informar a aparejadores, hoteleros, arquitectos y agricultores sobre los cambios. Y todos venían con una cierta inquietud, pero al ser informados se marcharon más tranquilos. Les dejamos muy claro que no paralizamos la actividad. Sigue habiendo actividad económica. Y en segundo lugar, a partir de ahora abrimos el melón para que todos participen, todos los sectores. Que opinen lo que quieran. Hablar de miseria cuando no se para la actividad y se usan palabras tan dramáticas no me gusta. Lamento decirlo pero los que dicen que el decreto traerá miseria ni se lo han leído.

—Puede resultar un poco sorprendente que se cambie la Ley Agraria, que tuvo un gran consenso en el sector cuando fue aprobada la pasada legislatura...

—Sí, es cierto que hubo consenso. Ahora Unió de Pagesos es una de las organizaciones que aplaude el decreto. La Ley Agraria no tenía el cien por cien de consenso....

—Pero las organizaciones agrarias, incluso las más afines a la izquierda, salieron en la foto el día que se aprobó en el Parlament...

—Sí, pero Asaja y Unió de Pagesos no estaban al cien por cien de acuerdo. Es importante incidir en que lo que pretende el decreto es que la principal actividad quede reforzada. Lo que queremos es evitar que vengan negocios, teóricamente ligados al sector agrícola, cuando no lo son. Los que controlan la finca agraria no serán los agricultores. Nosotros les proponemos que sigan teniendo la posibilidad de hacer actividades complementarias, con venta directa. No se prohíbe la venta directa, pero ponemos un límite a los metros cuadrados que se utilicen a la hora de vender los productos. También se permite la actividad ecuestre, y se prohíben los campos de polo.

—¿No cree que se está fomentando la inseguridad jurídica con tantos cambios urbanísticos en tan poco tiempo?

—Es importante destacar que hemos sido la última comunidad autónoma en aprobar una Ley del Suelo. Reconozco el mérito al anterior Govern. No nos gusta la ley, pero ahora hay ley. Otros lo intentaron y no fueron capaces de aprobar la Ley del Suelo. Yo entiendo que la gente piense que cada cuatro años hay cambios, pero nuestra política se conocía. A partir de ahora lo que queremos es que haya el máximo consenso, que el PP también participe y apoye las modificaciones que se harán en las tres leyes (Suelo, Turismo y Agraria) para que salgan leyes muy consensuadas.

—¿No ve difícil llegar a un acuerdo con el PP?

—Sí, es complicado, pero no quedará por nuestra parte.

—¿Y que pasará con las viviendas en suelo rústico que no van a ser amnistiadas? ¿serán derribadas?

—No pueden ser demolidas. Quedan fuera de ordenación y solo podrán hacer obras de rehabilitación. Nada más. No pueden ser demolidas porque las infracciones ya han prescrito.