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Sentado sobre una toalla en la playa de ses Salines, pasado el mediodía de un miércoles de finales de junio, es fácil recibir en apenas un minuto y medio hasta siete ofertas para adquirir víveres –refrescos, cervezas, cocos, macedonias de fruta, empanadas y bocadillos– o ropa y complementos de moda cuya calidad no está garantizada y por los que no se pagan impuestos. La media de ofrecimientos, cronómetro en mano, puede establecerse en uno cada 30 segundos, siempre que no se entre en el juego del regateo para adquirir el producto en cuestión.

Cervezas por 2 euros y medio, vasos multifrutas y bocadillos por 5 (o dos por 8 euros); toallas por 18 euros, sombreros y gafas de sol por 15... Incluso masajes de 20 minutos de duración por 20 euros. Es el gran bazar ilegal de la paradisíaca playa del Parque Natural de ses Salines de Ibiza, donde en los últimos años se ha disparado la venta ambulante de manera directamente proporcional al incremento de los bañistas.

Para muchos veraneantes resulta «agobiante» la presencia masiva de estos mercaderes itinerantes, para otros es «una ocasión de comprar a buen precio sin salir de la playa». Lo cierto es que esta actividad fuera de regulación supone una competencia desleal respecto al resto de comercios y restaurantes de la zona, que ya están más que acostumbrados a su presencia. Muy a su pesar.

Según explicaron desde varios concesionarios de hamacas, la relación es cordial con la mayoría de vendedores, a muchos de los cuales conocen de otras campañas, «menos cuando entran en la zona acotada y molestan a los clientes».

Desde las 11 de la mañana, varias decenas de vendedores recorren la playa de punta a punta ofreciendo sus productos. Son tantos que, en ocasiones, incluso se estorban a la hora de negociar. En determinadas zonas se observan corrillos de personas –mujeres en su mayoría– mirando y probándonse prendas de moda que previamente han exhibido en la improvisada pasarela dunar las jóvenes comerciantes.

Buena parte de los vendedores pertenecen o son cautivos –como ocurre en el mundo de la prostitución– de grupos organizados a quienes deben rendir cuentas. Otros muchos ven en la venta de bebidas y alimentos o de artículos y accesorios de moda una oportunidad laboral o el único modo de llevar ingresos a casa. En concreto, para los inmigrantes sin papeles es su único modo de subsistencia. O eso o trabajar en negro para terceros.

Desbordados

Las autoridades del municipio se ven desbordadas –hay otras zonas por controlar como Platja d’en Bossa, Platges de Comte o Cala Bassa– y han centrado sus prioridades en otras cuestiones más relacionadas con la seguridad de residentes y turistas. La persecución de los vendedores ambulantes se reduce a unas cuantas redadas durante la temporada por parte de la Policía Local de Sant Josep, en colaboración con la Guardia Civil. Una de las más importantes el pasado año tuvo lugar en septiembre, cuando un operativo policial formado por una docena de agentes denunció a una quincena de personas e intervino una gran cantidad de material en la playa. Cuando los agentes sorprenden a alguno de los vendedores, les requieren el material que llevan y les denuncian por incumplimiento de las ordenanzas que prohiben la venta ambulante en el municipio. Además, los agentes de la Guardia Civil identifican y comprueban si los individuos esconden cualquier otro material o sustancia estupefaciente.

Pero según la administración local, se trata de un fenómeno de muy compleja solución ya que no existe la posibilidad de detener a los vendedores. Aunque se abren expedientes sancionadores (de unos 300 euros), la mayoría de veces acaban en nada al no hallarse al infractor.

LA NOTA

La Policía de Sant Josep cuenta con 4 efectivos menos que el pasado año

A la falta de efectivos en la Policía Nacional o la Guardia Civil se une la carencia de agentes de refuerzo en la Policía Local de Sant Josep. Según explicó la primera teniente de alcalde de la corporación, Paquita Ribas,
este verano todavía no han podido cubrir cuatro plazas de agentes que se han trasladado al municipio de Sant Antoni. Según la edil socialista, esta misma semana esperan que el Govern balear cubra esas cuatro plazas con agentes del bolsín. El cuerpo municipal cuenta con 38 agentes fijos y 11 refuerzos de verano, cuando la temporada pasada fueron 15. En cuanto a la persecución del intrusismo, Ribas reconoció que en el caso de los vendedores ambulantes «se han dado cuenta de que las sanciones administrativas no son un problema». «Las sanciones son de 300 euros y cuando acaba la tramitación y vas a ‘buscarlos’, no los encuentras. Así nunca se acabará el intrusismo», lamentó.