La socialista añadió que en esta modificación también se incluye un mapa de ruidos –que se incorporará al planeamiento urbanístico– una graduación de las sanciones para que los establecimientos que más ruido hagan tengan sanciones más duras, que los agentes de policía puedan precintar al momento los equipos de música que hayan sido manipulados y tipificar como infracción grave incumplir el requerimiento policial de parar la música en fiestas en viviendas particulares, que conllevará sanciones de 12.000 euros.
El PP fue el único grupo municipal que no apoyó estos cambios normativos y criticó que esta ordenanza vuelva a cambiarse tan solo tres meses después de su última modificación. «Ustedes sólo actúan cuando hay titulares en prensa quejándose por la poca actuación del equipo de gobierno. Estos cambios no solucionan el problema de los equipos de sonido en las terrazas. No pongan excusas porque ya pueden actuar ahora», replicó el concejal ‘popular’ Javier Marí.
La concejala de Guanyem Paola García destacó que las multas de 12.000 euros a los particulares por no hacer caso de la policía también se podrían aplicar a los beach clubs y reclamó una ordenanza para luchar contra la contaminación lumínica. Por su parte, Vicent Torres (Alternativa Insular), dudó de la capacidad del Ayuntamiento para hacer cumplir esta normativa con los efectivos de la Policía Local con los que cuenta en la actualidad.
Entre el público se encontraba el presidente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, y casi una veintena de miembros de la plataforma ciudadana Prou!, una de los cuales leyó un comunicado al final del pleno en el que señaló que la ordenanza de ruidos ya era «suficiente eficiente para afrontar el gran problema de ruidos en las playas y espacios públicos de Sant Josep. No endentemos por qué se tiene que modificar. ¿No será que esta modificación es una excusa para no aplicar ahora la vigente ordenanza?».
Todos los concejales de Sant Josep también acordaron instar al Consell d’Eivissa a redactar y ejecutar durante esta legislatura la mejora de los cruces de Cala Vedella–Cala Tarida y de Cala Bassa–Platges de Comte, ambos en la carretera que une Sant Josep y Sant Antoni.
El teniente de alcalde Ángel Luis Guerrero explicó que la consellera de Mobilitat, Pepa Marí, se había comprometido con el Ayuntamiento a instalar una rotonda en el desvío de Cala Bassa–Platges de Comte, y que les ha hecho llegar propuestas para los accesos al núcleo urbano de Sant Josep.
Taxis vigilados
En el pleno de ayer se desveló que el Ayuntamiento ha requerido a los taxistas con licencia estacional saber si trabajaron cuatro días concretos de una semana del mes de junio. Paquita Ribas explicó que como responsable del área de movilidad, su deber es controlar si se está ofreciendo el servicio ya que algunos conductores habían denunciado que esta temporada no se les estaba contratatando. «En el aeropuerto no damos abasto y en otras zonas no se está dando el servicio. Necesitamos saber si se está trabajando y lo volveremos a pedir. Los taxistas estaban avisados desde abril», señaló la socialista, quien indicó que todavía los técnicos están estudiando los datos recopilados.
Por otro lado, el pleno aprobó también ayer aumentar el precio de las horas extra de los funcionarios y que la unidad mínima de servicio de la Policía Local sea de cinco agentes.
También se dedicarán casi 40.000 euros para el programa de recogida selectiva para productores singulares (hoteles, bares, comercios y otros negocios) debido al gran volumen de residuos que generan.
LA NOTA
Vicent Torres se lleva una bronca
El portavoz de Alternativa Insular, Vicent Torres, se llevó un buen rapapolvo al presentar una moción para que el Ayuntamiento retirara unas multas de tráfico a los vecinos de la calle Coscoll de Port des Torrent por aparcar sus vehículos sobre la acera.
«La actuación de la policía no es normal; existe la costumbre de aparcar por parte de los vecinos, que merecen saber quién les persigue», señaló Torres.
«No tiene vergüenza. Aparcar encima de las aceras es ilegal y el pleno del Ayuntamiento no retira multas», le contestó la teniente de alcalde Paquita Ribas. Más duro fue Fran Ramírez, de Guanyem: «Es una persona inmoral con una actitud mafiosa. Por decencia política y persona tendría que dimitir». Torres no se salvó ni de la reprimenda del PP. «Esta moción no es digna de una regidor», le espetó Neus Marí.
2 comentarios
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Jajajajaja
Y hay que seguir poniéndoles restricciones de todo tipo solo así acabaremos con esta manía de unos cuantos de usar las playas como su coto privado.