El estudio, encargado por la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera, alerta del elevado coste de la vivienda.

Un trabajador medio residente en Ibiza se ve obligado a destinar su sueldo íntegro cobrado a lo largo de veinte años para poder adquirir una vivienda en la isla de una superficie de 97 metros cuadrados. Es uno de los datos ofrecidos en el estudio Capacidad de carga socioambiental de la isla de Eivissa encargado por la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera, que se basa en datos de los últimos años para demostrar la subida desorbitada del precio de la vivienda.

El informe, realizado por cuatro doctores de la Universitat de les Illes Balears, señala además el contraste entre unos salarios congelados con unos precios de la vivienda que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se han disparado de nuevo superando incluso los valores previos a la crisis. A finales de 2016 se registró el precio máximo de la vivienda, con un valor de 3.708 euros por metro cuadrado, lo que da como resultado un precio de unos 350.000 euros para una vivienda de 97,25 metros cuadrados de media.

Sueldos que no llegan

En cambio, un salario medio mensual en Ibiza oscila entre los 1.344 y los 1.379 euros al mes, con algunas diferencias de rentas salariales dependiendo de los municipios, ya que mientras que en Eivissa se pagan los sueldos más elevados, en Sant Joan y Sant Antoni cobran los más bajos. Por tanto, con la calculadora en la mano, un asalariado medio debería destinar durante 20,13 años los poco más de 17.000 euros que cobra al año sin hacer otro gasto más para acabar de pagar la vivienda. Un esfuerzo financiero que, como destaca el estudio, ha aumentado significativamente desde 2013 cuando para pagar una vivienda de las mismas características se necesitaban los salarios de 15,75 años. No obstante, en cualquiera de los dos casos, estas cifras superan con creces las recomendaciones de la Unión Europea que establecen que el indicador Price to Income (PTI) no debe superar los cuatro años.

Alquileres impagables

El estudio sobre la isla de Ibiza también pone el acento en el espectacular aumento de los costes de alquilar una vivienda. El precio medio del alquiler de una vivienda estándar suponía en 2013 el 66 por ciento de la renta salarial mensual pero, en solo tres años, ha escalado hasta el 82,23 por ciento en 2016. Un porcentaje que duplica el umbral de riesgo señalado por las instituciones europeas que señalan que los costes mensuales de la vivienda no deben superar el 40 por ciento de la renta disponible.

Teniendo en cuenta que el municipio de Eivissa era en 2016 el segundo con el precio del alquiler más caro de toda España detrás de Barcelona, el informe considera que la mayoría de los hogares de Vila están «sobrecargados». «Este indicador nos arroja una importante señal de alerta sobre uno de los principales conflictos que afronta la sociedad de Eivissa», asegura el estudio que alerta también del hecho de que la mayor parte de los trabajadores de la isla formarían parte de los que se ha definido como ‘trabajadores pobres', con rentas salariales que apenas alcanzan para pagar un alquiler estándar.

EL APUNTE

Más de 3.000 viviendas de alquiler turístico ilegal agravan el problema

El estudio de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera achaca el elevado precio de la vivienda a la irrupción de las plataformas de alquiler vacacional y, por tanto, al aumento de las plazas turísticas ilegales. Según datos de la organización Terraferida de abril de 2017, Airbnb tenía una oferta de 25.178 plazas distribuidas en 4.351 viviendas y superó las 5.000 en julio de 2016. Las estimaciones del informe señalan que, si a las plazas de alojamiento ofertadas a través de Airbnb se deducen las 7.027 plazas en viviendas vacacionales legales, el número de plazas ilegales oscilaría en 2016 entre 18.000 y 23.000, lo que supondría entre unas 3.100 y 3.900 viviendas. Una tendencia o ‘boom turísticoinmobiliario' que, como destaca el estudio, «trae consigo los abusivos precios de alquiler y compra de vivienda, la eliminación del mercado de vivienda de alquiler residencial o la expulsión de la población local».