¿Quién quiere acabar con Cas Serres?

Si ahora resulta que ni el PSOE, ni Podemos, ni el PP, ni los sindicatos, ni nadie quiere que Cas Serres deje de tener la consideración legal de hospital y todos se muestran a favor de hacer lo que sea para mantener el statu quo que ha regido en los últimos decenios, ¿dónde está el problema?

Se dice que en la normativa autonómica exige que el inmueble donde se ubica el hospital debe ser de uso exclusivamente sanitario y que Cas Serres no reúne ese requisito, pues tiene otro uso no menos importante, que es el de residencias sociosanitaria. Pero parece que la legislación estatal no es tan exigente en este aspecto, por lo que no debiera haber ningún problema en cambiar la norma balear y acomodarla a las necesidades de Ibiza. ¿A qué viene todo este embrollo?

PSOE

Hay quien cree que todo esto lo ha provocado el PSOE para fastidiar a sus socios de Podemos, dejarles en mal lugar y luego, solucionarlo y atribuirse el mérito. No cabe descartar tal teoría, porque en política se ven cosas así e incluso peores. Y a fin de cuentas, ha sido Patricia Gómez, una consellera socialista, la que ha decidido retirar la acreditación hospitalaria a Cas Serres y no hemos oído ni una voz crítica entre las filas socialistas. Además, cuesta creer que algo así pueda pasarle por alto a la consellera de Presidencia, Pilar Costa.

Podemos

Pero no es menos cierto que la gestión que se ha hecho de la crisis por parte de las conselleras insulares de Podemos, Viviana de Sans y Lydia Jurado, ha sido un completo desastre. En lugar de ir ellas a darles la desgraciada noticia a los trabajadores de Cas Serres, haber dicho que fuera Patricia Gómez. Pero resultó tremendamente imprudente ir ellas a contar desventuras que no habían causado y además, sin llevar una solución bajo el brazo. Es evidente que no han gestionado bien el problema y han acabado desbordadas por los acontecimientos. O eso me parece a mí.

Tras la concentración del lunes ante el Consell d’Eivissa, donde los afectados increparon a las conselleras de Podemos, fue cuando se tomó conciencia de la magnitud del problema y de que, lo peor de todo, estaba fuera de control. A partir de ahí, el presidente del Consell, Vicent Torres, convoca la reunión del viernes y logra una tregua con los trabajadores por el mero hecho de firmar un recurso de alzada, que no significa nada más que volver a pasar la pelota al tejado del Govern.

Y los diputados ibicencos de Podemos anunciando la presentación de una proposición de ley que salve el hospital residencia asistida Cas Serres a toda costa. Propuesta que, por cierto, tan mal parece haber sentado a los socialistas pero que no se atreverán a votar en contra en el Parlament. ¿O sí?

¿Quién va a por Cas Serres? ¿El Govern? Menuda paradoja que el único hospital que desaparezca en Balears, al menos sobre el papel, esté en Ibiza y lo haga gobernando la izquierda. ¿De verdad han calculado las consecuencias de hacer tal cosa? Yo creo que no, que se ha generado una crisis absolutamente innecesaria y que todos deben buscar una solución de forma inmediata. Con asuntos así no se debería jugar.

A por los beach clubs

Como ahora vamos sobrados y a decir del conseller de Trabajo del Govern, Iago Negueruela, en las Pitiusas rozaremos el pleno empleo este verano, pues parece que hay quien pretende dinamitar los negocios existentes y hacerles cerrar, por las buenas o por las malas.

Como ahora atamos los perros con longanizas, no nos acordamos de los tiempos no tan lejanos de vacas flacas y de penurias. Ahora despreciamos a los turistas, deseamos que vengan menos y que además hagan lo que nosotros les digamos. Nada de ir a discotecas, ni a beach clubs. Que vayan a los museos, a ver a los flamencos de Ses Salines y poco más.

Ahora le ha llegado la hora a los beach clubs. Antes fueron las ‘party boats’, recuerden. Y es que cuando a los políticos les entra ojeriza por un sector, pueden darse por fastidiados. Esta temporada turística comienza con un montón de negocios en el limbo de la inseguridad jurídica. Y esta no es forma de funcionar.

Los políticos deben regular los negocios que hay, pero no acabar con ellos, porque eso supone pérdida de puestos de trabajo y de empresas. Exijan que se cumplan las normas, que lo hagan todos, pero los que hasta ahora han funcionado conforme a la ley han de poder seguir trabajando. Si no quieren que haya más, me parece perfecto, pero atacar a los que ya funcionan es una barbaridad que pagaremos cara.

Feliz domingo.