Condenadas a seis meses de prisión y multas de 1.440 euros a la dueña y a la apoderada de Casa Lola

Han sido juzgadas hoy por la Audiencia Provincial y la pena de prisión ha sido sustituida por multas de 2.880 euros

| Sant Josep |

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Imagen de archivo de la Guardia Civil y Policía Local en Casa Lola.

Imagen de archivo de la Guardia Civil y Policía Local en Casa Lola.

Redacción Local

Seis meses de prisión y sendas penas de multa 1.440 euros. Son las condenas impuestas hoy por un tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial para la administradora única y la apoderada de la empresa Inversiones Hoteleras Faro S.L., de la finca ‘Casa Lola’, por un delito de ocupación colectiva ilegal al tener a 14 trabajadores de forma irregular.

Las dos encausadas reconocieron los hechos ante el tribunal y aceptaron el acuerdo de conformidad alcanzado previamente entre el Ministerio Fiscal y su defensa. La sentencia también recogía sustituir la pena de prisión por una multa de 2.880 euros para cada acusada, 12 meses a razón de ocho euros diarios, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente penas de dos años de prisión y multas de 6.000 euros por un delito de ocupación colectiva ilegal al tener a 14 trabajadores de forma irregular.

Francisca S. O., de 69 años, y Rocío M.S., de 47 años, se han sentado hoy en la banqueta de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de acusación, la empresa dedicada a la administración, explotación y tenencia de establecimientos hoteleros contaba con una plantilla de cinco trabajadores en situación de alta. No obstante, el 14 de febrero de 2013, en una obra de la que «era promotor/contratista la empresa Inversiones Hoteleras Faro, finca ‘Casa Lola’, en Sant Josep, «se encontraban trabajando para dicha empresa 8 trabajadores, de los cuales siete no había sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, conociendo las encausadas que debían haber solicitado en tiempo y forma el alta de los mismos».

Asimismo, uno de los trabajadores era beneficiario del subsidio de desempleo, sin que las encausadas procedieran a tramitar su alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de la actividad.

Por otra parte, el 18 de marzo de 2013, en la obra que eran contratista en otra villa, se encontraban seis trabajadores, de los cuales tres no habían sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, al tiempo que otros tres carecían de la correspondiente autorización de residencia y trabajo.

Sucesión de irregularidades

Las irregularidades detectadas en las obras de ‘Casa Lola’ desencadenaron una serie de actuaciones policiales que conllevaban el precinto de la propiedad.

Posteriormente, la encausada Francisca Sánchez Ordóñez tuvo que responder ante la justicia por un delito fiscal, una causa por la que cumplió una pena de prisión.
Ahora, casi seis años después, la sección primera de la Audiencia Provincial la juzgará por un delito de ocupación colectiva ilegal.

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