10 FAROS

Diarrea legislativa

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El martes se celebró el primer Consell d'Alcaldes del año.

El martes se celebró el primer Consell d'Alcaldes del año.

El día que se aprobó deprisa y corriendo la Ley de Capitalidad de Ibiza, el 26 de marzo del año pasado, el último pleno hábil de la IX legislatura, también salió adelante en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para que Menorca tenga una Ley de Reserva de Biosfera.

El Grupo Popular había tramitado inicialmente esta iniciativa como enmienda a incorporar a la capitalidad de Vila. Aceptaron los populares retirarla tras el doble compromiso del Grupo Socialista de votar a favor la PNL y de impulsar durante esta legislatura una nueva ley, otra, que compensara a los menorquines por los 3,5 millones que Vila recibirá anualmente del Govern. Como en Menorca no quieren ni oír hablar de capitalidad para no abrir el melón de las disputas territoriales, se sacaron de la manga la declaración de la Unesco de hace 25 años. Un ejemplo como otro cualquiera del trilerismo parlamentario que se practica en los pasillos de las cámaras legislativas.

Josep Melià, portavoz del PI ese día, partido residual tanto en Ibiza como en Menorca, animó a los grupos parlamentarios a reflexionar sobre la «diarrea legislativa» de la pasada legislatura, la que más leyes aprobó de todas las anteriores. Esta dinámica, «de la que dudo que tengamos que estar orgullosos», dijo Melià, genera inseguridad jurídica, normas que se superponen, que se contradicen y lo que es aún peor que no se cumplen, lo que genera desconfianza en el sistema.

Sin ir más lejos, la Ley del Transporte Marítimo se ha incumplido durante una década, dejando a Formentera sin barca a las 6 de la mañana, a pesar de estar garantizada por ley. Un dislate.

Si esta «diarrea legislativa» se hace, además, con prisas, de forma precipitada, sin aprender de los errores cometidos con la ley de Palma de 2006, y con un claro ánimo electoralista de quien la promueve y de los que se suman, el resultado es una norma ambigua, interpretable y, por lo tanto, muy mejorable, como la Ley de Capitalidad de Vila, cuyas carencias han aflorado con cristalina nitidez tras sus primeros pasos. El infierno está empedrado de buenas intenciones.

Al grano. La ley tiene dos grandes carencias. Primera, no está claro que los fondos a recibir sean extraordinarios, luego, no lo serán. Guste o no guste. Segunda, tampoco establece a qué fin se han de destinar. Conclusión: lío político permanente porque cada uno lo interpreta según le interesa. Al alcalde de la ciudad, Rafael Ruiz, le viene bien interpretar como correcto que el Govern invierta tres millones en una promoción de VPO, necesidad ineludible pero que nada tiene que ver con la capitalidad, y no le viene bien interpretar que el Consell invierta en reconvertir el primer cinturón de ronda, vía que recibe miles de vehículos de fuera de la ciudad por ser capital, en una avenida urbana con el peregrino argumento de que las inversiones en carreteras ya son competencia de la primera institución ibicenca. ¡Como si la vivienda no fuera competencia del Govern!

El garante de las esencias de la capitalidad es el Consejo de Capitalidad, órgano formado por dos representantes del Ayuntamiento, dos del Consell y dos del Govern. Para mayor desasosiego, una de las primeras decisiones del organismo es incumplir la propia ley e impedir que, al menos, dispongamos de un informe en cinco meses que razone los «objetivos» de las inversiones.

El argumento es propio del camarote más famoso de la historia del cine. No hacemos el estudio que dice la ley que hemos de hacer en cinco meses porque ya hicimos este estudio para hacer la ley que exige dicho estudio. Entonces, si ya estaba hecho por qué se incluyó por ley que se tenía que hacer en dicho plazo. Surrealismo político aprobado por una unanimidad que avergüenza.

De todas maneras, disponer de los objetivos claros tampoco resuelve el asunto capital de la capitalidad: ¿Las inversiones son adicionales como se vendió en su día? La respuesta es no. Los 5 millones a recibir, 3,5 del Govern y 1,5 del Consell, durante cada uno de los primeros cuatro años de vigencia, han de ser «una consignación específica para inversiones territorializadas», es decir, hablamos de mínimos, que algo es algo.

Capítulo II: el Pla 5. Sobrepasada la primera crisis por las primeras inversiones porque no solo de capitalidad vive el hombre, esta semana hemos tenido la segunda y seguro que no la última.

El president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha resuelto con éxito el sudoku que suponía cumplir con su compromiso municipalista, resolver la irregular financiación de los bomberos y la Ley de Capitalidad, todo ello con un presupuesto exiguo, esquilmado por los compromisos adquiridos por el anterior gobierno y un contexto de menores ingresos de la Comunidad. Se ha atrevido con la primera propuesta de reparto de los fondos del Plan Insular de Obras y Servicios, con unos criterios «claros y transparentes», una suerte de sistema de financiación municipal, a imagen y semejanza, salvando las distancias, del sistema de financiación autonómica y de la Ley de Financiación de los Consells.

No es hombre de gatillo rápido Vicent Marí, quien quería evitar polémicas con los alcaldes. Marí no tenía intención de hacer públicas las diferencias que habían aflorado previamente en la junta de alcaldes con la ingenua intención de negociar un acuerdo alejado de los focos. El primer edil de Vila, la verdadera oposición al Consell en este inicio de legislatura, en cambio, no desaprovechó la ocasión para hacer aflorar la divergencia.

La propuesta de Vicent Marí supone multiplicar por 15 los fondos que el Consell destina a los municipios, pasando de una última aportación lineal de Vicent Torres de 100.000 euros para cada ayuntamiento. De 400.000 euros a 7,4 millones hay un buen trecho.

Cualitativamente, un 45% de los fondos se reparten por criterios de superficie y el resto por población, añadiendo a Vila los 1,5 millones por capitalidad e introduciendo medidas correctoras para que Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep reciban idéntica cantidad per cápita.

Propuesta y criterios tan discutibles como otros que han sido bien acogidos por todos los ayuntamientos, menos el de Eivissa, cuyas críticas se basan en que quiere que los fondos de la Ley de Capitalidad sean adicionales, cuando no está escrito que deban serlo y que no le parece suficiente el peso del criterio de la población y excesivo el de superficie. No criticó recibir 100.000 euros y ahora pone el grito en el cielo ante una propuesta de un millón más un millón y medio de capitalidad. El resto de alcaldes han dado la bienvenida al plan inversor, dejando solo a Ruiz con su mosqueo.

El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, ha añadido al tablero una cuestión que no conviene desdeñar: ¿Por qué Sant Joan no puede tener una ley que compense la «ruralidad»?

A ver quién le discute al veterano Carraca o a cualquier alcalde propuestas que dan la razón a Josep Melià, quien ya alertó del peligro que supone jugar a la «diarrea legislativa» con unos y no con otros por el riesgo de que «cada rincón encuentre valores singulares» suficientes para justificar unas «inversiones» por ley, lo que acabaría generando una «dinámica falsa».

Todo ello, sin perder de vista otro argumento de peso también puesto sobre la mesa esta semana por Marí y Carraca: el papel del Consell en esta ley. El presidente cuestiona que se añada una carga financiera a la institución sin mejorar su financiación y el alcalde que el Consell deba financiar de forma preferente a un municipio.

Continuará.

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