A través de un comunicado, el Consell, que admitió que se ha abierto un expediente de oficio, recordó que la ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, establece en su sección segunda, artículo 7, que «cualquier persona física o jurídica podrá instar a la adopción del acuerdo de financiación». Dicho artículo también dice que «la decisión de no iniciar el procedimiento habrá de ser motivada» y que «la Comissió Insular de Patrimoni Històric correspondiente, antes de acordar el comienzo del procedimiento, podrá recopilar de los particulares o de cualquier organismo público la información necesaria sobre el bien». Es decir, que la ley obliga al Consell a tener toda la información necesaria antes de admitir a trámite o no la petición.
Por tanto, la institución insular reitera que «no está en condiciones de poder asegurar si se aprobará o no dicha declaración, ya que el procedimiento acaba de comenzar. Además, el Consell advierte de que «incoar un expediente y, en consecuencia, recoger la información que apoye (o no) esta petición no supone su aprobación inmediata».
Finalmente, el Consell dice que «lamenta el tratamiento que, en algunos casos, se está dando a un asunto tan sensible y reafirma su compromiso de trabajar con seriedad, rigor y dejando al margen apreciaciones que poco tienen que ver con la realidad».
A la espera del Consell
Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet señaló que el Ayuntamiento de la localidad no tenía mucho más que añadir al comunicado emitido el viernes donde recordó que la protección de esta tradición como BIC Inmaterial correspondía al Consell d’Eivissa y que, cuando este lo requiera, analizarían la cuestión.
«Cuando nos tengamos que manifestar, lo haremos», añadió Agustinet, quien apuntó que, por el momento, dicen lo mismo que la normativa: «que no es compatible el ejercicio de las cabras con la protección de los seres autóctonos de es Vedrà». «Si hay alguna otra opción legal, lo veremos», dijo el también secretario general de los socialistas ibicencos, para quien lo más importante «cuidar de este frágil islote».
Eso sí, Agustinet recordó que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn) de Cala d’Hort «prohíbe la presencia de cabras», por lo que abogó por sacar a los animales de allí como «la solución perfecta». «Conozco bastante bien la tradición, pero es lo que hay», se lamentó Agustinet.
«Tampoco tengo ahora un posicionamiento distinto del que tuve hace 20 años, cuando defendí en el Parlament que las cabras se tenían que sacar de allí», añadió Agustinet.
Preguntado sobre qué impide cumplir la ley, el dirigente socialista respondió que no lo tenía muy claro, igual que dijo desconocer quién tendría que hacerse cargo de ello llegado el momento.
Responsabilidades
Mientras tanto, la organización ecologista GEN-GOB emitió un comunicado en el que asegura que «el mantenimiento de cabras en es Vedrà y su caza por métodos tradicionales forman parte de prácticas de tortura animal prohibidas por la ley 1/1992, de Protección Animal de las Illes Balears».
Según la organización, de no retirarse «de forma inmediata» las cabras de es Vedrá, solicitarán el procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental a los propietarios y al Consell d’Eivissa «si persiste en su acción obstruccionista».
GEN-GOB opina que la Comunidad Autónoma «habrá de hacer un análisis de los riesgos ambientales, tasarlos y hacer responsable al Consell y a los propietarios de la isla y de los animales introducidos allí de forma ilegal y contraviniendo la normativa ambiental».
En este sentido, los ecologistas aseguran que pueden existir «responsabilidades penales» por delitos contra la flora, tipificados en el código penal, de los que hacen responsable al Consell d’Eivissa por mantener a las cabras «en un islote donde se está poniendo en peligro flora protegida dentro de una reserva natural».
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