El Consell d’Alcaldes reunido, en una imagen de archivo. | DANIEL ESPINOSA

Los ayuntamientos de Ibiza han acumulado, a día de hoy, un remanente de 190.465.354 millones de euros. Una cantidad que no pueden gastar, puesto que está bloqueada por la ley presupuestaria y la regla de gasto.

No hay que olvidar que este precepto obligó a las entidades locales a destinar el superávit a amortizar la deuda y, una vez liquidada, a realizar únicamente inversiones financieramente sostenibles.

En este sentido, las instituciones llevan años pidiendo a los sucesivos gobiernos poner fin a dichas restricciones. Sin embargo, con esta crisis sanitaria que azota al país desde hace semanas, esta demanda se ha intensificado por parte de las instituciones locales. Sin duda, apuntan desde el Consell, con un panorama como el actual poder disponer con total libertad de este remanente bloqueado, depositado en las cuentas, supondría para las entidades ibicencas abordar medidas económicas y sociales destinadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria.

«Liberar el superávit es más urgente que nunca», apuntan desde los ayuntamientos. En este sentido, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, señaló que los dos millones que el Gobierno ha destinado, para dar respuesta a las acciones más urgentes contra el COVID-19, son «insuficientes». En esta línea, el concejal de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, apuntó que son las administraciones locales las que están más cerca de los ciudadanos.

Por este motivo, añade, es importante que las cuentas municipales no estén bloqueadas, puesto que sirven para garantizar la estabilidad de la isla. «Hace falta dinero para cubrir las necesidades de los vecinos, especialmente aquellos colectivos más vulnerables al coronavirus», señalaron desde el Consell d’Eivissa.

Unas reclamaciones que, por el momento, tendrán que esperar. Mientras tanto, se han acogido a la medida impulsada por el Ministerio de Hacienda, que autoriza a los ayuntamientos a utilizar el 20 por ciento de su superávit. «Me parece una medida correcta puesto que son fondos disponibles. Espero que en un futuro se pueda aplicar sobre el total del remanente», relata la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. No obstante, al aplicar este porcentaje al superávit de 2019, las instituciones de la isla han podido liberar, únicamente, alrededor de 11 millones de euros de los 190 que tienen de remanente.

Una cifra escasa, puesto que si sumamos el montante completo, las adminstraciones cuentan con un excendente anual de más de 52 millones de euros.

Noticias relacionadas

En este sentido, desde el Consell, que en su caso disponen de un sobrante de 4 millones, subrayaron que con este importe se ayudará a los municipios de la isla, los próximas días.

«La semana que viene habrá un Consell d’Alcaldes para determinar cuáles son las medidas urgentes necesarias para hacer frente a la situación», destacaron.

Asimismo, otro de los datos que sorprende al analizar las cuentas de las instituciones ibicencas son los fondos líquidos.

En total, más de 200 millones de euros de liquidez. Esta es la cantidad de dinero disponible, en efectivo y en bancos, que tienen los ayuntamientos de Ibiza para poder utilizar de manera eficiente, a corto plazo.

Es por eso, que ante un horizonte económico incierto, las miradas recaen en este montante para conseguir minimizar el impacto que pueda tener la actual crisis sanitaria. Estos recursos locales provienen de distintas fuentes de ingresos.

Entre ellos, el pago de impuestos que realizan los ciudadanos o el traslado de una parte del superávit presupuestario que registran los consistorios cada año. Un excedente que para el concejal de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, refleja perfectamente la buena gestión económica que se hace desde las entidades locales. «Somos capaces de generar un superávit presupuestario a la vez que prestamos servicios municipales de calidad», afirma.

En este sentido, apunta que la necesidad de liquidez es fundamental ahora mismo para poder movilizar los recursos, en aras de garantizar un plan de actuación que pueda reforzar las ayudas sociales.