Un instante del trabajo que realiza Cristóbal y su equipo.

Después de que la Policía Nacional realizara, hace días, una propuesta de sanción al ciudadano ibicenco que se hace llamar Cristóbal y que está ayudando con comida y productos de aseo a gente necesitada de la isla, fuentes de la Administración General del Estado (AGE) aseguraron que, pese a que su labor sea «loable», no se podía hacer otra cosa, dado que este hombre se está «saltando» el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Según estas fuentes, la postura del Estado es la de que cumpla el confinamiento «todo el mundo», menos los supuestos recogidos en la ley, como son salir a comprar alimentos básicos o ir a trabajar, en el caso de aquellas personas que estén habilitadas para ejercer su profesión. De momento, se desconoce la cuantía de la posible sanción.

En relación con el local que tiene cedido y que está ocupando para donar comida los viernes, los sábados y domingos, según afirmaron, es preciso «regularizar» la situación, al igual que ocurre con el resto de las asociaciones, especialmente por si allí ocurriera algún tipo de percance.

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Según el ordenamiento jurídico vigente, dicha legalización debería llevarse a cabo en el Ayuntamiento. Preguntado al respecto, Vila aseguró que se había «ofrecido a ayudar a esta persona para que regularice su actividad y que ésta cumpla con los requisitos de seguridad hacia las personas por razones higiénico sanitarias y por responsabilidad civil, como sucede con cualquier otra entidad». Igualmente, se le dio la opción de «que se coordine y colabore con otras ONGs y entidades que ya llevan a cabo este tipo de tarea» para, así, «llegar a más personas y que sea más efectivo su trabajo».

Por el momento, Cristóbal no ha aceptado la propuesta que se le plantea.