Un instante del trabajo que realiza Cristóbal y su equipo.

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Después de que la Policía Nacional realizara, hace días, una propuesta de sanción al ciudadano ibicenco que se hace llamar Cristóbal y que está ayudando con comida y productos de aseo a gente necesitada de la isla, fuentes de la Administración General del Estado (AGE) aseguraron que, pese a que su labor sea «loable», no se podía hacer otra cosa, dado que este hombre se está «saltando» el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Según estas fuentes, la postura del Estado es la de que cumpla el confinamiento «todo el mundo», menos los supuestos recogidos en la ley, como son salir a comprar alimentos básicos o ir a trabajar, en el caso de aquellas personas que estén habilitadas para ejercer su profesión. De momento, se desconoce la cuantía de la posible sanción.

En relación con el local que tiene cedido y que está ocupando para donar comida los viernes, los sábados y domingos, según afirmaron, es preciso «regularizar» la situación, al igual que ocurre con el resto de las asociaciones, especialmente por si allí ocurriera algún tipo de percance.

Según el ordenamiento jurídico vigente, dicha legalización debería llevarse a cabo en el Ayuntamiento. Preguntado al respecto, Vila aseguró que se había «ofrecido a ayudar a esta persona para que regularice su actividad y que ésta cumpla con los requisitos de seguridad hacia las personas por razones higiénico sanitarias y por responsabilidad civil, como sucede con cualquier otra entidad». Igualmente, se le dio la opción de «que se coordine y colabore con otras ONGs y entidades que ya llevan a cabo este tipo de tarea» para, así, «llegar a más personas y que sea más efectivo su trabajo».

Por el momento, Cristóbal no ha aceptado la propuesta que se le plantea.