Imagen de archivo de un edificio en obras. | DANIEL ESPINOSA

El Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) compartió una serie de medidas para la reactivación del sector de la construcción y convertirlo en uno de los motores par superar esta crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Este paquete de propuestas ha sido diseñado por Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y ya está en manos del Gobierno. Unas medidas que en cierta medida confluyen con el Plan Insular de Reactivación y Recuperación Económica, Social y Ambiental que presentó el Consell d’Eivissa el miércoles al Govern.

El texto del Colegio de Arquitectos plantea «una recuperación económica que se apoye en la reactivación del sector de la construcción y tenga como objetivos garantizar el derecho universal a la vivienda y la rehabilitación y renovación urbanas como bases del bienestar del conjunto de la ciudadanía».

Desde Baleares, el Coaib pone el foco «en el potencial incomparable de la rehabilitación y la renovación urbana para crear nuevos empleos». «El sector puede ser clave en la recuperación del país. Máxime cuando, en materia de rehabilitación, en Baleares le queda un largo camino por recorrer», apuntan.

La decana del colegio, Marta Vall-llossera asegura que «son necesarias políticas públicas que impulsen planes e incentivos para el acceso a una vivienda que tenga en cuenta, entre otros aspectos, la eficiencia energética y la accesibilidad».

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En ese sentido, piden inversiones públicas para la ejecución de mejoras del espacio público y de la red de infraestructuras urbanas, además de fomentar la rehabilitación, la regeneración y la sostenibilidad del parque edificado desde las administraciones, con inversiones público-privadas y facilitando el acceso a la financiación para realizar mejoras de eficiencia energética. Señalan que en Baleares el 56 % de las viviendas están construidas antes de la década de los ochenta. «Se trata de que las intervenciones vayan encaminadas a que el edificio pueda tener una segunda vida incorporando mejoras en su habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética», apunta Vall-llossera.

Otro de los aspectos que han querido destacar es el de los retrasos en la tramitación de las licencias por parte de las administraciones locales. Unos datos que son especialmente malos en el caso de las Pitiusas. En la totalidad de Baleares la media es de 16 meses, pero mientras Menorca acumula un retraso de 13 meses y Mallorca, uno de 16; en Ibiza y Formentera las cifras se disparan hasta los 30 meses. Por eso, desde el Colegio hacen especial hincapié en las medidas que sirvan para agilizar trámites, algo muy importante en el documento presentado por el Consell.

En fase de estudio

Por último, en lo que se refiere a este paquete de 45 medidas que se presentó el miércoles después de intentar buscar consenso entre los principales actores económicos y políticos de Ibiza, el Govern ya lo están estudiando.

La portavoz del Govern Pilar Costa agradeció ayer en rueda de prensa que el Consell hubiese hecho estas propuestas. «Todo lo que sea posible, que sea competencia del Govern y suponga una mayor agilización de nuestra administración, sin perjuicio de otras medidas que estén el plan del Consell d’Eivissa, se contemplará», señaló. «Evidentemente el Govern estudiará todas las propuestas a fin de poder incorporar todo aquello que sirva para esta agilización», remarcó Costa.