"Los ciudadanos de Ibiza, en este caso, se merecen que su presidenta salga a dar explicaciones personales y no sólo a través de notas de prensa", han señalado desde la institución, que ha opinado que hasta ahora las justificaciones han sido "contradictorias".
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente segundo del Consell, Mariano Juan, ha reconocido que continúan "sorprendidos" por las informaciones que siguen surgiendo sobre el caso. "No puede ser que se diga una cosa y después la contraria al día siguiente y es necesario que esto se aclare", ha afirmado.
Según ha considerado, en estos momentos los cargos públicos deben ser los "máximos garantes" de que se cumplen las leyes y deben dar ejemplo.
"Tiene poca explicación, o puede explicarse bastante mal, que el mismo político que está dictando las medidas sanitarias que están llevando a la ruina a mucha gente con la motivación de proteger la salud pública, no cumpla sus propias normas", ha señalado Juan.
Ante esta "aparente contradicción", desde el Consell de Ibiza exigen a Armengol que ella misma dé las explicaciones oportunas y aclare "si realmente existía un motivo de fuerza mayor que justifique el incumplimiento de sus medidas".
"El comportamiento de un político debe ser siempre ejemplar. Esto, aplicable en periodos de normalidad, todavía lo es más en épocas de excepcionalidad como la actual", ha concluido Juan, quien ha añadido que hay que ser "muy serio" en esta cuestión y, un comportamiento como el de la presidenta, "erosiona el prestigio o legitimidad de las medidas".
"Se puede entender que los ciudadanos se enfaden y consideren que si los políticos no cumplen, ellos tampoco deban hacerlo", ha declarado.
2 comentarios
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Explicaciones? sirven de algo? y la sanción que puso la policía a donde a ido a para? son capaces de decir todas las mentiras que les de la gana y no pasa nada, se quedan tan frescos....... Es indignante.....
Y aquí un contribuyente también considera tremendamente importante que se explique públicamente, con pelos y señales, cómo se adjudicó de forma directa a una empresa la realización de una campaña publicitaria de 250.000€. También este caso denota prácticas preocupantes que los medios han difundido y que afectan de lleno a la ética pública y al bolsillo de los que pagamos impuestos.