Gloria Santiago y Vicenç Thomas, vicepresidenta primera y presidente del Parlament en una foto de archivo. | CATI CLADERA - - - EFE - EFE

No le llega la camisa al cuello a varios diputados autonómicos desde que el pasado viernes Ultima Hora y Periódico de Ibiza y Formentera publicamos que la Oficina Anticorrupción del Parlament balear había recibido una denuncia anónima con información detallada sobre lo que cobran sus señorías en concepto de dietas por pernoctar en Palma.
En el punto de mira están varios diputados de las Pitiusas y de Menorca, algo normal, ya que los mallorquines no cobran dietas de este tipo y solo tienen derecho a una indemnización por kilometraje.


La denuncia a este organismo, totalmente prescindible, ya que para investigar la corrupción ya tenemos la Fiscalía Anticorrupción, y para investigar otros supuestos desmanes ya tenemos la intervención de las administraciones y el Tribunal de Cuentas, entre otros, es consecuencia de la cruzada que hace un par de meses emprendió el presidente de la institución, el socialista Vicenç Thomas, contra estas prácticas.
Este veterano de la política balear, al que Francina Armengol le regaló el sueño de presidir la Cámara y de convertirse, por lo tanto, en la segunda autoridad de Baleares en el protocolo, encargó a Joana Campomar Orell, secretaria primera de la Mesa del Parlament como cuota de los separatistas de Més per Mallorca, un análisis detallado de las dietas que venían cobrando los diputados autonómicos, ya que sospechaba que se estaba produciendo una «disfunción».


El foco de la investigación interna se centró en el vacío normativo sobre la dieta de pernocta a la que tienen derecho los diputados no mallorquines que en función de su actividad parlamentaria han de dormir en Mallorca en lugar de volver a sus domicilios y subirse a un avión al día siguiente.

Admite interpretaciones el concepto de actividad parlamentaria y, sobre el papel, eso es el objetivo de la Mesa del Parlament.
Maxo Benanal, diputado ibicenco de Ciudadanos y secretario segundo de la Mesa del Parlament, tiene un piso alquilado en Palma y suele dormir en él durante toda la semana, ya que desarrolla su trabajo allí.


En función de esta actividad, pasa las dietas de pernocta, que ascienden a 160 euros al día frente a los 70 de la dieta diaria, cantidad con la que los diputados han de hacer frente al aparcamiento en el aeropuerto, el desplazamiento desde Son Sant Joan hasta el Parlament, la comida, y el desplazamiento desde el Parlament hasta Son Sant Joan.
Gloria Santiago, la youtuber podemita que ocupa la vicepresidencia primera del Parlament, también suele hacer lo propio, ya que también dispone de una solución habitacional, como les gusta decir a los de su formación, en Palma, aunque no con tanta regularidad.
El socialista ibicenco Enric Casanova, quien no se caracteriza prescisamente por una intensa actividad parlamentaria, ya que su casillero luce la friolera de ninguna iniciativa parlamentaria en lo que va de legislatura, también tiene todos los números para ponerse colorado con la investigación, ya que suele pasarse toda la semana en Palma y, en consecuencia, pasa la susodicha dieta de pernocta.

La también irrelevante socialista ibicenca Irantzu Fernández Prieto, también con ninguna iniciativa parlamentaria en su haber, está en la misma situación que su compañero.
En otra situación pero también comprometida y en el punto de mira está la diputada de Formentera, Silvia Tur, quien por esta condición tiene derecho a una dieta superior, de 240 euros, cantidad que el órgano de dirección del Parlament sospecha que cobra aunque pernocte en Santa Eulària y no en Formentera.
Esta guerra de las dietas no es económica y es política. Thomas no tiene el objetivo de reducir los costes, máxime cuando su Govern se llena la boca de no practicar recortes. Además, a los que no se quedan a dormir y regresan a sus respectivas islas lo hacen con el billete pagado.

wEl plus de los altos cargos. En política, rara vez las coincidencias son casuales. Y en este caso, la cruzada del presidente Vicenç Thomas es posterior a la que a su vez emprendió Ciudadanos de Baleares contra el plus de 22.000 euros que han venido cobrando los altos cargos no mallorquines por integrarse en el Govern.
Esta batalla no gustó en absoluto al PSIB, partido que lo consideró una deslealtad propia de un partido sin experiencia de gobierno que aprovecha un asunto que la opinión pública no entiende para desgastarle.
Finalmente, los socialistas engañaron a los veletas naranjas y la superrebaja que iba a cambiar la ética de la política, al mismo tiempo que permitía cuadrar las cuentas públicas, quedó en 4.000 euros de sobresueldo menos y la necesidad de justificar parte de los gastos.

wBenanal, cabeza de turco. La denuncia «detallada» a la Oficina Anticorrupción del Parlament tiene toda la pinta de partir del presidente de la Cámara.
Vicenç, Camponar, y un par de altos funcionarios de la institución son los únicos que han tenido acceso al estudio detallado que ha venido analizando en los últimos meses el cobro de las dietas de los diputados. Ni el resto de los miembros de la Mesa ha tenido conocimiento a ellos.
Por eliminación, Vicenç Thomas es el único que puede tener un interés político en airear el asunto de las disfunciones en el cobro de las dietas de los diputados, ya que a Més per Mallorca este tema no les va ni les viene porque sus diputados no las cobran, y menos aún a los altos funcionarios de la cámara quien, en buena lógica, no van a utilizar datos a los que han tenido acceso gracias a su posición y mucho menos a utilizarlos para presentar una denuncia anónima.
Thomas tiene muy fácil negar su autoría porque la Oficina Anticorrupción permite que cualquier ciudadano presente una denuncia anónima. No espere, pues, que confiese la fechoría.
Los motivos reales de este movimiento solo los conoce él. Todo apunta a que se trata de una venganza parlamentaria contra Ciudadanos para bajarle los humos a un partido que hace bandera de la honestidad de sus cuadros.
La nueva líder de la formación naranja impuesta desde Madrid por Inés Arrimadas, Patricia Guasch, se apresuró el viernes a advertir que si un diputado de su formación está implicado en el cobro irregular de las dietas deberá asumir responsabilidades.
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos y que el grupo cuenta con solo cinco diputados, Benanal, tres de Mallorca y uno de Menorca, el mensaje parece destinado exclusivamente al diputado ibicenco.
Conviene recordar cuando pasan estas cosas la frase con la que Wintson Churchil adoctrinó a un joven diputado de su partido: «Nuestros adversarios están enfrente, nuestros enemigos atrás».
A Giulio Andreotti se le atribuye otra en el mismo sentido: «Hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y… compañeros de partido».

wLa vacunación se le atraganta al Govern. A Francina Armengol se le ha acabado la sumisión que le venía prestando la consellera Fina Santiago gracias al soporte que le había prestado a la titular de Asuntos Sociales durante la crisis de los abusos de menores. La presidenta la sostuvo contra viento y marea a pesar de ser de Més per Mallorca y Santiago se lo correspondió con amor eterno.
Hasta que llegó la vacunación y su partido le obligó a que pida explicaciones en el Consell de Govern de mañana, según anunció hace unos días.
Més per Mallorca está aprovechando la debilidad de la presidenta para hacer oposición desde dentro al PSIB, partido que se lo ha puesto fácil con la chapuza de la vacunación: altos cargos vacunados, directivos de hospitales vacunados, obispos vacunados, médicos jubilados vacunados, concejales socialistas vacunados y liberados sindicales, como Pedro Campillo, vacunados.
Es posible que casi todos -el obispo de Mallorca es obvio que no- tengan justificación y entren dentro del protocolo, aunque es francamente sospechoso que todos estos casos hayan sido ocultados a la opinión pública y solo se hayan conocido tras las denuncias y publicaciones de los medios de comunicación.
Convendría que el Govern publicara el listado de los puestos, no hace falta dar el nombre para no vulnerar la dura Ley de Protección de Datos, que ocupan todos los vacunados hasta ahora y depurar las responsabilidades oportunas.
«Ni me he colado, ni aprovechado del cargo entre otras cosas carezco de poder para ello, hice lo que el resto de trabajadores, apuntarme donde me dijeron, me llamaron como a cualquier otro, fui y me vacuné», relató Pedro Campillo. Si es verdad lo que dice el liberado sindical, no genera confianza alguna el proceso seguido hasta ahora.