Antonia Colomar, presidenta de Aspadif, y Soledad Manzano, secretaria de la asociación. | Daniel Espinosa

Antonio (nombre ficticio) tiene 33 años y la única solución que le ha dado la sociedad es la cárcel. Padece una patología dual, esto quiere decir que tiene una enfermedad mental y una adicción, en este caso a las drogas, y desde la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif) defienden que la «cárcel no puede ser la solución para un enfermo».

El caso de Antonio «reúne todo lo que puede salir mal en Ibiza con esta enfermedad», señalan desde Aspadif. Antonio, que padece un trastorno esquizo-afectivo bipolar, vivía con sus padres. En 2006 se puso bajo la supervisión de un psiquiatra. Su madre le obligó a ir en varias ocasiones al Centro de Atención a las Adicciones (CAD). También acudió en tres ocasiones a Proyecto Hombre, donde permaneció en la comunidad terapéutica 15 días antes de cansarse y regresar a Ibiza.

La falta de voluntad también le hizo abandonar la Unidad de Patología Dual de Can Misses a la que siempre acudió obligado y acompañado por su madre. En este proceso, la Fundación Aldaba le lleva la curatela desde 2015. Además, estuvo hospitalizado en la Unidad de Psiquiatría de Can Misses en más de 10 ocasiones, y en alguna de ellas permaneció hasta seis meses.

Debido a su adicción y a los problemas que causó en el domicilio familiar, la situación llegó a un punto insostenible. La Policía entró de oficio y le puso una orden de alejamiento de dos años. Antonio estaba en la calle, malviviendo, y terminó regresando a casa de sus padres, incumpliendo en tres ocasiones esta orden de alejamiento, por lo que acabó siendo ingresado en el centro penitenciario, donde cumple nueve meses de condena.

Falta de voluntad

El problema de Antonio, según explican desde la asociación, está en la falta de voluntad que tienen muchos de los enfermos con patología dual. Él estaba en tratamiento médico, pero al ser voluntario lo incumplía de manera sistemática. Antonio se saltaba todas las citas y no había manera de poner freno a su enfermedad. «No solo es que no acudiera al tratamiento, es que estaba en la calle, sin poder ir a casa de sus familiares, estaba desamparado. Cuando regreso a casa de sus padres, estaba pidiendo ayudo porque se encuentra solo en la calle», denuncian desde Aspadif.

Aseguran que han llamado a muchas puertas: Consell d’Eivissa, el Ayuntamiento, la Conselleria de Asuntos Sociales, la Fundación Aldaba… pero sin alternativas eficaces. «Necesitamos una solución eficaz. Ahora tenemos otro chico que también está en la calle con orden de alejamiento y desde las instituciones nos se van rebotando las decisiones de unas a otras. Nadie nos da una solución», apuntan.

Toda esta problemática gira en torno a un eje clave: la voluntariedad. Desde Aspadif reclaman el Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI). «Estos enfermos no tienen voluntad para ir de motu propio voluntaria a un tratamiento. Necesitamos que un juez pueda ordenar el ingreso en un centro de larga o media estancia. Ahora, un juez en Ibiza no tiene opciones. Antonio no tiene que estar en una cárcel, debe estar en un centro especializado», defienden. «Si el enfermo quiere tratarse, pues que siga un tratamiento ambulatorio; que no quiere, se le ingresa», simplifican.

Además, consideran una incongruencia que a estas personas se les pueda incapacitar de manera económica para que no puedan acceder a drogas pero que no se les pueda ingresar. Un ingreso que debería ser en un centro de media o larga estancia, otra de las reclamaciones que hace Aspadif para Ibiza.

Uno de los principales escollos que se encuentran en esta asociación es que la patología dual tiene la estigmatización de las drogas. «No los quieren en ningún sitio. Hay un estigma social que pesa mucho en ellos y repercute en su dolor. Si consumes, te rechazan y acabas en la calle, donde se agrava el problema, y luego en prisión», razonan.

Derecho al tratamiento

Además, defienden que esta enfermedad no llega porque sea una familia desestructurada: «Los enfermos han pasado por todos los recursos que tenemos en la isla. Es necesario hacer una reflexión a nivel social para ver lo que está funcionando mal. Son enfermos y, como cualquier enfermo de otro patología, deberían tener derecho al tratamiento. No son delincuentes, son enfermos».

En cuanto al tratamiento, saben que no es sencillo y que es un camino largo lleno de piedras y recaídas, pero que funciona. Así lo dicen los datos de otros países. «Los resultados se empiezan a ver a partir de los dos años, sobre todo a partir de los cinco».
Desde Aspadif reclaman ayuda política para conseguir avanzar en sus reivindicaciones y poner solución a un problema que afecta a muchas familias: «El caso de Antonio no es único y tras él vendrán muchos antonios. Hay más gente en la calle y la situación es muy complicada porque no hay dinero».

«Son enfermos que terminan convirtiendo la calle en su ‘tratamiento’, donde encuentran drogas que alivian su dolor, y acaban en la cárcel, donde conviven con delincuentes, agravando así su problema. La sociedad no debería pensar que la solución para un enfermo es la cárcel», sentencian, antes de avisar de que sin una solución que permita reinsertar a estas personas, los enfermos y los problemas se irán acumulando.