Los dos acusados durante la tercera sesión del juicio celebrado en Penal 2 de Ibiza. | Daniel Espinosa

La revisión de la prueba de la huella dactilar hallada en uno de los fajos de dinero recuperados y la cantidad verificada por la auditora Deloitte centraron ayer la cuarta y penúltima jornada del macrojuicio por el robo de 2,7 millones de euros del Grupo Empresas Matutes.

La huella es la prueba que conectó con el robo a José Joaquín Fernández, acusado como encubridor, mientras que cifrar la cantidad que había en la caja es fundamental para certificar que faltan unos 950.000 euros, suma que la acusación reclama a los acusados en concepto de indemnización.

Durante la sesión de ayer se escuchó el testimonio del agente de la Policía Científica que realizó la identificación y el informe de la huella encontrada en uno de los paquetes. El investigador corroboró que la huella corresponde al acusado de encubrimiento. A preguntas de la Fiscalía, confirmó que la huella alcanza los 12 puntos de coincidencia establecidos para la identificación.

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Durante su declaración se aportó la imagen original a color de la huella, que no había formado parte del expediente durante los 8 años de procedimiento, ya que en su lugar había una copia en blanco y negro. La defensa impugnó la prueba ya que, según remarcó, aportarla ahora «es una aberración jurídica». También cuestionó a la magistrada por aceptar la imagen, vulnerando así «el derecho al juez imparcial».

La jornada se cerró con la declaración del auditor que hizo el informe sobre el dinero que había en la caja fuerte de Empresas Matutes.

El autor ratificó el informe que hizo en 2014, en el que establece que en la caja fuerte había 2.795.860 euros, por lo que faltarían un total de 954.000 euros. Asimismo, remarcó que estaban perfectamente justificadas las entradas de dinero en la caja que contenía dinero del Ushuaïa, el 90 por ciento, y de otros cuatro hoteles del Grupo.