Imagen de archivo de la verja de entrada a Casa Lola. | Marcelo Sastre

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Desde que el Ayuntamiento dio un ultimátum a la propiedad para restituir la finca a la legalidad vigente, la Policía Local de Sant Josep ha recibido un total de 11 llamadas relacionadas con molestias por la actividad que se mantiene en el complejo turístico ilegal Casa Lola.

Según destacaron a este periódico fuentes del propio Consistorio, del total de las 11 llamadas tan solo una hacía referencia a la música en un tono más elevado de lo que debiera, «aunque cuando hicieron acto de presencia los agentes no detectaron ninguna irregularidad».

El resto de las llamadas, indicaron desde el Ayuntamiento, tenían que ver con la acumulación de vehículos en las carretera y en los caminos colindantes, con las consiguientes molestias que esto provoca a los vecinos que residen por la zona.

Hasta el 3 de septiembre

Hay que recordar que Casa Lola tenía de plazo hasta el pasado 3 de septiembre para derribar, de forma voluntaria, las edificaciones ilegales que a lo largo de los años se habían llevado a cabo en la finca. Una vez finalizado este plazo, el Ayuntamiento de Sant Josep procedería a solicitar autorización judicial para entrar en la propiedad y proceder al derribo de forma subsidiaria.

Sin embargo, este plazo se tuvo que retrasar unas tres semanas, hasta el próximo miércoles 22 de septiembre, porque el bufete de abogados que representa a la propiedad comunicó al Ayuntamiento que ya no ejercía esta representación legal. Por ello, fue necesario realizar una nueva notificación de la orden de derribo a las personas jurídicas, es decir, a las empresas que figuran como dueñas del complejo Casa Lola.

Esta nueva notificación, que fue remitida electrónicamente a las empresas el pasado 1 de septiembre, ha reiniciado el plazo a contar, por lo que fuentes del Consistorio señalan el próximo 22 de septiembre como último día para que la propiedad derribe Casa Lola. En caso de no cumplir con esta orden de derribo, será el propio Ayuntamiento de Sant Josep el que pida una orden judicial para ejecutar la demolición de forma subsidiaria.

En este sentido, desde Sant Josep explicaron que el objetivo es ser «impecable» en el procedimiento y dar las «máximas garantías» para que cuando se pida la entrada a la vivienda, no haya ninguna objeción que pueda obstaculizar los trabajos de demolición. De hecho, según precisan desde el Consistorio, «hasta que no concluya el plazo marcado del 22 de septiembre, el Ayuntamiento no puede pedir la orden al juez para ejecutar ellos el derribo».