La consellera Mercedes Garrido con los cinco alcaldes de Ibiza en la firma de un convenio el pasado ocho de octubre. | Daniel Espinosa - Archivo

La anulación del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional supondrá una notable merma de ingresos. Se trata de una partida que varía de un año para otro, ya que depende de la venta de propiedades que se lleve a cabo durante el ejercicio en el municipio.

Los consistorios trabajan, por este motivo, sobre una media a la hora de planificar los presupuestos.

Por municipios
Desde el Ayuntamiento de Ibiza aseguraron ayer que la media de ingresos anual que reciben por este concepto es de 1,5 millones de euros, lo que, poniendo como referencia las cuentas municipales del año 2021 (68 millones), supondría un 2,2% de los ingresos.

Sant Josep, por su parte, informó de que ingresa una media anual de 700.000 por el impuesto de plusvalía, lo que equivaldría al 1,75% de los ingresos municipales en el año 2021 (39,8 millones de presupuestos). En el municipio de Santa Eulària, cuantificaron en dos millones de euros lo que reciben anualmente por este concepto, lo que supone un 4,6% aproximadamente de sus cuentas públicas (43,5 millones este año).

El Consell de Formentera, por su parte, tiene previsto ingresar el próximo año 195.000 euros por este concepto, el 0,65% de los ingresos previsto por la institución para 2022.

Finalmente, Sant Antoni planteó un abanico de ingresos a través de este impuesto que va desde los 365.000 euros de este año a los más de 1,8 millones que recaudó en 2019. Esto supone una horquilla de entre un 1,3% y un 6,6% dependiendo del año. Sant Joan no facilitó los datos.

La valoración
Por su parte, Antoni Salas, presidente de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), expresó ayer que los alcaldes «estamos preocupados porque se trata de unos ingresos que ya están previstos en los presupuestos para 2022 que se están aprobando en muchos consistorios y si no se ingresa lo esperado tendremos que hacer recortes».

Fondo de compensación
«Entendemos que el espíritu de la sentencia, que aún no conocemos en su totalidad, no es eliminar el impuesto sino la necesidad de buscar una nueva manera de calcularlo», precisó Salas, quien afirmó de que, en caso de que se tenga que eliminar este impuesto, «aunque sea de manera temporal, los municipios de todo el Estado hemos puesto sobre la mesa pedir un posible fondo de compensación al Gobierno, pero tendremos que ver lo que pasa», concluyó.