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CB y PLIS no desvelaron ayer si la demanda para acabar con la inmersión lingüística se dirigirá contra el conseller autonómico de Educación, el socialista Martí March, o si recaerá sobre los directores de los 291 centros educativos de las Islas en los que han constatado que no se cumple el mínimo del 25% en castellano.

Si, finalmente, la demanda se pone contra los directores, podrían verse afectados los de los 39 centros de Ibiza y Formentera cuyos proyectos lingüísticos no cumplen con el mínimo de un 25% de enseñanza en castellano, establecido por el TSJC.

Recurrir contra los directores no es algo que agrade especialmente a estas dos entidades. Pero el decreto de mínimos hace recaer en ellos la responsabilidad y blinda al Govern ante posibles reclamaciones. De ahí que es muy probable que la demanda acabe afectando a estos funcionarios, que son los que, según la normativa autonómica, deciden cómo aplicar ese decreto en los centros que dirigen. No obstante, tanto Aguiló como Berga tienen claro que «el último responsable es el político», es decir, el titular de Educación.

La nueva Ley de Educación balear, por otro lado, podría incluir ya la condición del mínimo del 25% de horas lectivas en castellano para evitar futuros problemas ante la Justicia. El texto se encuentra ahora mismo en fase de enmiendas. Sin embargo, fuentes de la conselleria consultadas por este periódico, han rechazado esta posibilidad y han indicado que se mantendrá la condición de que el sistema educativo balear tendrá que dedicar un mínimo del 50% de las horas lectivas al catalán.