El presidente del Consell d’Eivissa, el popular Vicent Marí, ofreció ayer a los alcaldes de Vila y Sant Josep, los socialistas Rafa Ruiz y Ángel Luis Guerrero, mantener una reunión para «aclarar sus dudas» sobre la propuesta de modificación legislativa elaborada por la institución para atajar el grave problema de las fiestas ilegales. «Si estos ayuntamientos tienen dudas», dijo Marí, «me ofrezco otra vez para reunirme con ellos e intentar explicarles».
Marí hizo estas declaraciones en respuesta a la postura mostrada por el alcalde de Sant Josep contra la solución puesta sobre la mesa por parte del Consell d’Eivissa. Una solución que pasa por la modificación de las leyes de Actividades y Turística y, sobre todo, del concepto de vivienda. Esta propuesta ha sido redactada por los servicios jurídicos de la máxima institución insular. Se trata, además, de lo que le pidió en su momento el Govern a la máxima institución ibicenca cuando esta le reclamó apoyo para acabar con la oferta de fiestas ilegales.
Los datos
El presidente defendió la propuesta y recordó que «ahora debe ser el Govern el que active esta modificación legal». «Siempre he dicho», añadió Marí, «que, si el problema se diera en Mallorca, ya se habrían buscado soluciones. Por el hecho de ser ibicencos no hemos de ser menos».
Marí lamentó también que el alcalde de Sant Josep culpara a los responsables de las viviendas turísticas de la situación creada en Ibiza por las fiestas ilegales. Recordó en este sentido que el 88% de fiestas inspeccionadas y sancionadas durante 2021 tuvo lugar «en viviendas que no son vacacionales». El mismo Ayuntamiento de Sant Josep contabilizó durante el año pasado nada menos que 1.444 denuncias por molestias, de las que 1.403 correspondían a fiestas y otras 41 a actividades económicas, es decir, eventos clandestinos. Solo cinco de ellos se habían celebrado en viviendas turísticas.
«Tenemos un grave problema en Ibiza», subrayó el presidente del Consell, «que necesita de voluntad política para ser arreglado y no hablar solo en verano». Marí recordó que la propuesta de la institución se basa en una «modificación legislativa». Esta modificación contempla, básicamente, que «desde el momento en el que en una vivienda se desarrolla una actividad económica e ilegal, hay que tener herramientas para que las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional puedan actuar de una manera contundente».
El presidente insistió en que es necesario «asimilar estas fiestas ilegales a una actividad económica y aplicarles las mismas normas que se aplican a cualquier negocio». Marí abundó en la obligación de «actuar con contundencia» para acabar con esta situación y recordó que este tipo de eventos, además de ser peligrosos para la salud por la falta de medidas de seguridad, son también «competencia desleal» y «dan mala imagen turística de Ibiza».
Lo cierto es que la modificación legislativa propuesta por el Consell cuenta con el respaldo no solo de los ayuntamientos sino también de las principales patronales turísticas, como CAEB, Ocio de Ibiza, Pimeef o Fomento del Turismo. Entidades como la Pimeef o AVAT dejaron claro este pasado lunes que comparten el objetivo de acabar con las fiestas ilegales y la propuesta planteada por el Gobierno insular. Ambas patronales lanzaron duras críticas contra Ángel Luis Guerrero por intentar demonizar las viviendas vacacionales vinculándolas a esta oferta ilegal y le recordaron que, durante la pandemia, estos negocios han ayudado a que la actividad económica en Ibiza pudiera salir adelante. Pero, sobre todo, dejaron claro que los propietarios de este tipo de viviendas son los primeros interesados en no albergar fiestas clandestinas dado que se juegan con ello las licencias que les permiten ejercer de manera legal la actividad de vivienda vacacional.
El domicilio como excusa
El artículo 18 de la Constitución española dice en su apartado 2 que «el domicilio es inviolable». Y añade que «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Los socialistas que gobiernan Vila y Sant Josep se aferran a esta definición para rechazar la propuesta de modificación legislativa redactada por los servicios jurídicos del Consell. Esta propuesta contempla, básicamente, que esa definición de domicilio no sea aplicable cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad detecten que en un inmueble se está celebrando una fiesta ilegal. Deja claro el informe en todo momento que la pérdida de esta condición debe darse cuando la autoridad tenga constancia de que la fiesta en cuestión es una actividad económica que se celebra sin permiso y sin cumplir las normativas vigentes para este tipo de negocios.
6 comentarios
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Hala¡¡ a escola que no en sabeu prou
Podrían hablar tambien de la demolición de la casa Lola. Era en Diciembre ¿no?.....
Y qué dudas quieren aclarar ? esta claro que hay personas que hacen lo que quieren y se pasan la ley por el forro y están amparados por la misma y hay personas que no pueden hacer nada , por que la misma ley no lo permite . Es lo único que merece una explicación y que no van ha poder dar .
Manporrero I y mamporrero II la guiarán hacia donde digan Agustinet y Frangina, la ciudadanía y sus problemas se la repanpinflan
,,,cuando les plantee que " hay que tener herramientas para que las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional puedan actuar de una manera contundente».ahi se acaba la reunión,,,al tiempo..
Amb dos rucs t'as xocat