Pllar Ribas y Javier Marí (PP) mantuvieron un áspero debate. | Daniel Espinosa

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El gobierno municipal de Sant Josep pidió ayer en Pleno que la propuesta de modificación legislativa presentada por el Consell d’Eivissa para intentar acabar con la lacra de las fiestas ilegales sea «más detallada» para así poder dar su apoyo a la misma. Éstas fueron las palabras que empleó en repetidas ocasiones la teniente de alcalde, Pilar Ribas, en respuesta a la moción de control que sobre esta cuestión planteó el PP municipal.

Ribas, que sustituyó al alcalde, Ángel Luis Guerrero, al frente del Pleno por tener que ausentarse este tras el fallecimiento de un familiar, señaló que el equipo de gobierno «no está en contra de hacer una modificación legislativa que dé herramientas a la Policía Local», tal y como plantea el Consell. Sin embargo, añadió, «es muy complicado saber cuáles son las fiestas ilegales y cuáles no».

Respondía así la teniente de alcalde al popular Javier Marí, quien le afeó no apoyar al Consell y, sobre todo, el culpar a las viviendas turísticas del incremento de fiestas ilegales registrado en el municipio desde 2020. «Nos ha dejado perplejos», dijo el portavoz del PP, «nosotros presentamos una moción y Guerrero saca declaraciones criminalizando al sector de la vivienda vacacional, pidiendo al Consell que no dé más licencias e, incluso, que se cambie el nombre por el de entidades hoteleras».

Lo cierto es que, a la vista de la respuesta de Pilar Ribas a esta moción, parece poco probable que Sant Josep se sume en estos momentos a la propuesta del Consell contra las fiestas ilegales. La teniente de alcalde no fue tan contundente como Guerrero en su ataque a las viviendas turísticas pero, a pesar del informe de la Policía Local que dice lo contrario, sí indicó que «muchas» de ellas «no cuelgan la placa en la entrada» y aseguró que no es «obligación» de los agentes comprobar ante qué tipo de vivienda se encuentran cuando detectan una fiesta ilegal.

«Dudas legales»
Visiblemente molesta por las palabras de Javier Marí, quien le había exigido que explicara qué propuesta hace el gobierno de Sant Josep para acabar con estas fiestas, Ribas afirmó que «nunca hubo consenso» con el Consell sobre el informe elaborado por los servicios jurídicos insulares contra las fiestas ilegales. En sentido, Ribas insistió en que ella misma participó en las reuniones con el Consell y mostró su rechazo por tener «dudas legales y razonables». Puso como ejemplo el hecho de que la propuesta no presente una definición clara de lo que debe considerarse como «fiesta multitudinaria».

También criticó que emplee en varias ocasiones la palabra «normalmente» porque «de forma jurídica, eso no da herramientas a la policía». Añadió que para los agentes es «muy difícil» determinar si una fiesta se celebra con interés económico y, por si no fuera suficiente, acusó al Consell de «no diferenciar entre una cena, un viaje de estudios o unas fiestas populares». «Este equipo de gobierno», subrayó Ribas, «no está en contra de modificar la ley pero sí de medidas populistas y poco trabajadas».

Marí, por su parte, reprochó tanto al PSOE como a Unidas Podemos que su única propuesta para luchar contra las fiestas clandestinas sea «modificar las viviendas turísticas». Puso de relieve el valor del informe del Consell al recordar que se ha consensuado con todo el sector turístico, con los representantes de los ayuntamientos y con los cuerpos y fuerzas de seguridad. «El Consell busca recortar esta actividad ilegal que se está disparando», advirtió el concejal del PP, «se trata de dar herramientas a los ayuntamientos para sancionar más y a la policía para que pueda actuar».

El diálogo entre ambos resultó imposible. Y, al final, Pilar Ribas optó por cerrar el micrófono de Javier Marí, ante la insistencia de este en conocer qué alternativa ofrece el gobierno de Sant Josep para acabar con este problema. La teniente de alcalde no supo o no quiso dar a conocer cuál sería la solución según el Consistorio y siguió arremetiendo contra el Consell, al que acusó de haber presentado una propuesta que no contempla «herramientas reales y efectivas».

EL APUNTE

«El control de las actividades es del Ayuntamiento»

En el áspero debate entre Pilar Ribas y Javier Marí durante el Pleno celebrado ayer en Sant Josep quedó claro que, al menos de cara a la galería, el entendimiento es imposible. Tanto que la propia Ribas rechazó admitir que, en ciertos aspectos, el control de esta situación está en manos del Ayuntamiento, tal y como le recordó el portavoz del PP. «Quien tiene el control sobre las actividades», subrayó Javier Marí, «es el Ayuntamiento».

Marí también se mostró sorprendido al comprobar el poco caso que, al parecer, ha hecho el gobierno de Guerrero al informe elaborado por la Policía Local, que quita responsabilidad a las viviendas turísticas y que reclama herramientas jurídicas que permitan acabar con el problema. El popular, finalmente, reprochó a Ribas no responder a la invitación formulada por el presidente insular, Vicent Marí, para aclarar las dudas: «Esto no es la ley turística que se han sacado ustedes de repente de la manga».