En Botafoc, el precio de la hora de zona azul alcanzará los 2,5 euros. | Marcelo Sastre

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El alcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, y su concejal de Movilidad, Aitor Morrás (Unidas Podemos) recurrieron a los servicios de un abogado externo al Ayuntamiento de Eivissa para poder obtener un informe que les permitiera prorrogar el contrato con la empresa que actualmente gestiona la zona azul del municipio. Así lo denunció ayer durante el Pleno municipal el portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, quien desveló que el letrado escogido por el Consistorio es Avel.lí Blasco, al que definió como «administrativista de cabecera del PSOE».

Marí Bosó formuló la denuncia durante el debate de la ordenanza que debe regular el nuevo estacionamiento de pago en Ibiza. Un proyecto de Morrás que convertirá 6.000 de las 10.000 plazas existentes en la ciudad en aparcamiento de pago. «Ha pagado», aseguró Marí Bosó, «un informe jurídico a Avel.lí Blasco que le dice que el contrato está extinguido. ¿Por qué ha buscado a Blasco y no han elaborado este informe los servicios jurídicos del Ayuntamiento?».

El edil de Movilidad, Aitor Morrás, se mostró especialmente molesto por esta denuncia. Sin embargo, no fue capaz de explicar el por qué de la contratación de Blasco. «Se lo podría explicar perfectamente», respondió a Marí Bosó, «pero prefiero hacerlo en privado por respeto a las personas que trabajan en esta casa».

«Infierno fiscal»

Marí Bosó, por otro lado, criticó también el afán recaudatorio del Gobierno de Ruiz, al que acusó de «mucha palabrería». El concejal del PP aseguró que los residentes en Vila están sometidos a un «infierno fiscal» y reprochó a los ediles del PSOE y Unidas Podemos «mandar cada año 15 millones de euros al banco» porque, añadió, «ni siquiera saben cómo gastar el dinero que recaudan».

El portavoz de los populares afirmó que las nuevas zonas de aparcamiento de pago, azules y verdes, no fomentarán la rotación, tal y como afirmó Morrás en el momento de presentarlas. Y añadió que, además, tendrán «un efecto expulsión» de los residentes en otros municipios. «Ustedes solo quieren la capitalidad para sacar la pasta», afirmó, «y no para acoger a todo el mundo». «Recaudará más y usted y Ruiz de la mano irán a llevar el dinero al banco», dijo dirigiéndose a Morrás.

Duras fueron también las críticas al proyecto pronunciadas por el concejal de Ciudadanos y director insular de Transportes, Roberto Algaba. Este puso en duda que los nuevos estacionamientos de pago vayan a ser más baratos para los residentes en la ciudad. En este sentido, Algaba echó mano de la ironía para decirle a Morrás que «podría haber bajado aún más los precios». Y añadió: «En Sant Joan no hay zona azul y pagan cero».

Algaba apuntó directamente a deficiencias del proyecto como, por ejemplo, la no definición «legal» de los sectores en los que se dividirá la ciudad. «Según la ordenanza», le preguntó a Aitor Morrás, «¿qué es un sector?». El responsable de Movilidad se remitió a los «estudios económicos» del nuevo contrato para indicar que ahí sí está explicado. Algo a lo que Algaba le respondió de forma contundente: «Al procedimiento sancionador le dan igual los estudios. ¿Dónde pone lo que es un sector en la ordenanza?».

Morrás se defendió de las críticas explicando que la nueva ordenanza para los estacionamientos de pago fomentará la rotación de vehículos y facilitará el aparcamiento a los residentes. Arremetió contra ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Santa Eulària, para denunciar que recaudan más por este tipo de aparcamientos y justificó su trabajo diciendo que tanto él como el resto de concejales del equipo de Gobierno gestionan «bien, honestamente y de forma eficaz».

Gobierno y oposición se enfrentaron también por la subida del impuesto de la plusvalía, que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana durante el tiempo en en el que se tienen en propiedad. El Gobierno de Ruiz ha optado por subirlo un 30% si la venta se hace en los seis primeros años de propiedad. Algo que, según explicó la edil de Hacienda, Estefanía Torres, servirá para «gravar la especulación». Torres hizo un encendido discurso a favor de la subida de impuestos y aseguró que bajarlos «es lo fácil». «Lo que cuesta de verdad es gestionar el dinero público», añadió, «y bajar impuestos solo beneficia a los que más tienen».

La concejal socialista subrayó que los impuestos son imprescindibles para el mantenimiento de los servicios públicos. Y señaló que, además, para quienes tienen recursos, es fácil utilizar la sanidad o la educación privadas, pero no así para quienes carecen de ellos.

Torres calificó de «flipantes» las críticas del PP sobre esta cuestión y aseguró que Vila no es la única administración que «tiene dinero en el banco». En este sentido, puso como ejemplo el Consell d’Eivissa, que, afirmó, «tiene 81 millones de euros en la cuenta ahora mismo».

De poco le sirvieron los argumentos, pues tanto PP como Ciudadanos rechazaron la subida. José Luis Rodríguez (Cs) acusó al Gobierno de Ruiz de «enriquecer las arcas públicas», mientras que Marí Bosó recordó que la plusvalía es un impuesto potestativo del que el Consistorio podría prescindir.

EL APUNTE

Rafa Ruiz defiende al «mancebo»    Vicent Torres ‘Benet’

Que el portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, se refiriera en el Pleno a Vicent Torres Benet como «mancebo» no gustó nada al alcalde. Ruiz insinuó la existencia de un pacto entre PSOE y PP para no entrar en estas cuestiones. Se mostró contrario a que se hagan críticas entre «los grandes partidos» porque este tipo de contrataciones no preocupan a los ciudadanos. Y concluyó defendiendo la respetabilidad de los cargos de confianza tanto del PSOE como del PP.